Incentivos equivocados para la función parlamentaria

DE MANERA inexplicable, la discusión en torno a mejorar la calidad de la política se limita en Chile sólo a a los sistemas de elección o a la posibilidad de reelección, sin aludir a factores que inciden mucho más directamente en la forma en que se desempeñan los cargos parlamentarios. Un aspecto que debería revisarse son los incentivos que inducen a diputados y senadores a dedicarse más al clientelismo local que a legislar en beneficio general del país. Efectivamente, para captar apoyo electoral, los parlamentarios a menudo atienden intereses específicos con los recursos del país.

 La lógica tras esta desviación es conocida: un grupo pequeño, favorecido o perjudicado en forma significativa por una resolución política, está dispuesto a  movilizarse para manifestar su apoyo o rechazo; en cambio, la ciudadanía negativamente afectada por la medida no tiene suficientes incentivos para manifestarse en contra, pues el costo para el país de lo legislado se transforma en un pequeño monto por persona, una vez diluido en la ciudadanía en general. La consecuencia es legislación protectora de grupos específicos y mala calificación ciudadana a los políticos, que son vistos operando contra el interés general. Por cierto que esta distorsión se atenúa si los parlamentarios no tienen posibilidades de reelección y pueden orientarse libremente al bien común.

Otro aspecto que urge corregir es la liberalidad con que los parlamentarios disponen de recursos públicos para su reelección. En 2010 se introdujo por primera vez en la Ley Orgánica del Congreso la noción de que la función parlamentaria comprende, además de la tarea legislativa, “la representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo los parlamentarios”. El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que regula cómo se gastan estos recursos, ha indicado que, por esas diversas labores, “resulta posible permitir el uso gratuito de las sedes parlamentarias a concejales, consejeros, candidatos, centros de madres, clubes de adultos mayores, partidos políticos, etc”. Esto es, las asignaciones pueden ser utilizadas para actividades orientadas a la reelección. Así, un diputado dispone a lo largo de su período de US$ 1 a 2 millones para gastar en estos fines; un senador, de unos US$ 5 millones. Esto es percibido como un abuso por la población y, en especial, por quienes aspiran al Congreso. Desde luego, es inconsistente la crítica de muchos parlamentarios en ejercicio al sistema binominal -por supuestamente limitar la participación ciudadana en la selección de candidatos a parlamentarios- mientras usan cuantiosos recursos estatales en beneficio de su reelección.

Si bien la Ley Orgánica del Congreso pasó por control preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que no la objetó, está sirviendo de base para subsidiar la reelección de parlamentarios incumbentes, con costos para el sistema político. La política y los partidos ganarían en valoración ciudadana, y el país tendría parlamentarios más orientados a legislar para el bien común si junto con limitar la reelección de éstos, como se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados, se estableciera que las asignaciones parlamentarias sólo pueden financiar asesorías legislativas, se aumentara el límite de gasto electoral para los que pretenden desafiar a los incumbentes y se ampliara el plazo en que ellos pueden hacer campaña.