EN FALLO unánime, la sexta sala de la Corte Suprema desestimó los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior, mediante los cuales se recurría en contra del fallo del tribunal oral que absolvió del delito de colocación de bombas y financiamiento a un grupo de anarquistas que fueron imputados por el organismo persecutor. De esta manera se puso fin al llamado caso bombas, que al terminar sin culpables tras seis años de investigación constituye un inexcusable fracaso que involucra a la fiscalía, por tener ésta la responsabilidad de dirigir la investigación, las respectivas policías y el Ministerio del Interior, encargado de velar por la seguridad ciudadana y parte en el caso. También corresponderá evaluar el criterio con que los tribunales ponderan las pruebas y el rol que le corresponde desempeñar en el combate al delito.
La gravedad de lo ocurrido obliga a revisar este caso en sus distintas dimensiones y es indispensable que se busque corregir cuanto antes las deficiencias que han llevado a este fracaso, pues la seguridad de la ciudadanía es la que está en riesgo. No puede olvidarse que desde 2006 a la fecha se han registrado más de 140 atentados con explosivos en la Región Metropolitana, que han afectado a distintas entidades, entre las que se cuentan sucursales bancarias, medios de comunicación y embajadas. Sin que estos hechos sean debidamente investigados y sancionados se encierra el riesgo de que se extiendan con total impunidad, generando no sólo un evidente cuadro de desprotección a la ciudadanía, sino también dañando la imagen internacional del país. El Departamento de Estado de EEUU advirtió recientemente acerca de lo que podrían ser indicios de cierto “terrorismo doméstico” en el país, antecedente que no debería ser ignorado.
El hecho de que la Corte Suprema haya señalado que las pruebas presentadas por la fiscalía a lo largo del proceso judicial resultaron “insuficientes” para formar la convicción de condena, sugiere que el órgano persecutor enfrenta problemas para cumplir adecuadamente con su tarea de dirigir la investigación. Fue motivo de gran revuelo cuando en octubre del año pasado el tribunal de garantía excluyó más de 4.000 pruebas presentadas por la fiscalía en este caso, decisión que luego fue confirmada por tribunales superiores.
Es imprescindible que la entidad revise sus métodos en la recopilación de pruebas, pues de ello depende en gran medida que un juicio llegue a buen término. Allí también cabe analizar si fue acertada la decisión del fiscal nacional de cambiar el fiscal a cargo del caso, a mediados de 2010, determinación en parte motivada por reclamos desde el Ministerio del Interior por la falta de resultados concretos a la fecha. Cabe en ello un especial cuidado para no acelerar artificialmente una investigación ni ceder a protagonismos personales o urgencias dictadas por criterios ajenos a lo judicial. Se trata, entonces, de un episodio aleccionador, que debe ser tomado en cuenta respecto de otros casos que se tramitan en los tribunales y que también están relacionados con atentados explosivos.
Es importante que quienes han sido autores del conjunto de errores que se acumularon para que se produjera finalmente este desenlace asuman su cuota de responsabilidad de manera efectiva tras haber defraudado fuertemente a la ciudadanía.
Fracaso en investigación del caso bombas e inseguridad ciudadana
Caben responsabilidades al Ministerio del Interior y las policías, pero especialmente a la fiscalía, que debe revisar sus métodos para recopilar pruebas.
