Transparencia en procesos de licitación

LAS SUPUESTAS irregularidades detectadas en un proceso de licitación llevado adelante por el Ministerio del Interior deben movilizar a las autoridades a tomar medidas para revisar la manera en que se realizan las compras del Estado.

Con el propósito de promover la transparencia y disminuir los espacios de discrecionalidad en la asignación de contratos de compra del Estado, se implementó en 2003 el portal ChileCompra, cuya puesta en marcha perseguía una serie de beneficios: hacer más eficiente, impersonal y transparente el proceso, ahorrar costos, evitar los favoritismos y la discrecionalidad, reduciendo la posibilidad de corrupción, y hacer competitivo el sistema convocando a más oferentes. Sin embargo, resulta difícil que estos propósitos se cumplan si se arraiga una práctica que parece estar repitiéndose con frecuencia, la cual consiste en que, al diseñar las bases que fijan los requerimientos que deben cumplir los oferentes, a menudo se establecen condiciones que sólo satisface uno de ellos. Cuando esto ocurre, la licitación pierde su sentido, pues las condiciones se han hecho a la medida de alguna empresa específica que logrará el contrato. De esta forma, subsisten los vicios que el modelo ChileCompra pretendía erradicar: antes tenían lugar en el proceso de licitación; ahora, en cambio, ocurrirían en el momento en que se elaboran las bases. La discrecionalidad es la que terminaría rigiendo el proceso, con las consecuentes pérdidas de eficiencia y posibilidades de corrupción.

A raíz del llamado “caso sobreprecios”, el gobierno ha anunciado que revisará las compras realizadas por el Ministerio del Interior a la compañía que se ha venido adjudicando desde hace años los contratos. Esta es una decisión oportuna que debe ir acompañada de una profunda revisión del sistema de adquisiciones del Estado.