COMO PARTE de las medidas que el gobierno ha venido anunciando e implementando en el marco de su política indígena para promover el desarrollo de las comunidades mapuches ubicadas en la Región de La Araucanía, el Presidente de la República firmó la semana pasada el decreto supremo que permitirá establecer la primera Area de Desarrollo Indígena (ADI). Esta política contempla, entre varios aspectos, un programa de adquisición de tierras, asesorías productivas para las plantaciones agrícolas, apoyo para el emprendimiento y obras de mejoramiento en infraestructura vial y salud.
A diferencia de iniciativas implementadas en el pasado que tenían como eje principal la compra y adjudicación de propiedades a las familias de esas comunidades -terrenos que en su gran mayoría permanecían improductivos al no entregárseles a los beneficiados una capacitación adecuada para trabajarlos-, este plan parece dirigido precisamente a abordar esas deficiencias, ya que incorpora de manera integral una serie de ámbitos que, desplegados en conjunto, pueden llegar a constituir una herramienta eficaz para que los habitantes de esas zonas, muchos de ellos afectados por la pobreza, puedan salir adelante por sus propios medios.
Para que se cumpla ese objetivo, el gobierno debe ser cuidadoso con la forma que implementa ciertas medidas incluidas en la ADI que parecen repetir el carácter asistencialista aplicado en programas gubernamentales anteriores, especialmente las relacionadas a entrega de tierras, que han demostrado ser ineficientes y se han prestado para manejos controvertidos. No obstante, el Ejecutivo hace bien en promover esta política de Estado para intentar resolver un problema que se arrastra hace décadas, colocando el énfasis en el emprendimiento y en la capacidad de las personas para crear sus propias fuentes de sustento. Resulta fundamental, entonces, entregarles a las comunidades mapuches las herramientas necesarias para que puedan superar la situación de precariedad en que se encuentran y, de paso, resolver demandas que en ocasiones no han encontrado una respuesta oportuna ni eficiente.
La Araucanía presenta el más alto nivel de pobreza del país, de acuerdo a la última encuesta Casen (23%). Este factor ha sido esgrimido equivocadamente como argumento por grupos minoritarios para justificar la violencia que ejercen en ese territorio mediante ataques y amenazas contra personas y empresas. Sólo este semestre han ocurrido casi un centenar de incidentes en la zona. Por ende, si se aspira que este programa sea exitoso, no es suficiente contar con el apoyo de la mayoría de las comunidades existentes en la región (37 de las 42 apoyan el plan), sino que es necesario también enfrentar con firmeza a los violentistas que se oponen a cualquier tipo de solución que se plantee en esta materia. Por ejemplo, no es aceptable que el lonco mapuche que asumió la dirección de la ADI haya sido víctima de un ataque incendiario contra su casa como vía de amedrentamiento. Aparte de mostrar el nulo interés de los grupos más radicales por terminar con el conflicto, este incidente da cuenta de un grado de desprotección que debe ser subsanado.
Mantener el orden público en la zona es una condición ineludible que debe garantizar el gobierno si quiere lograr un desarrollo sostenido de las comunidades mapuches. No hacerlo colocará en riesgo la viabilidad de la política indígena y profundizará la condición de vulnerabilidad de sus habitantes.
Oportunidades de progreso para las comunidades mapuches
El Area de Desarrollo Indígena impulsada por el gobierno en La Araucanía puede ser una valiosa herramienta, siempre que se termine con la violencia en esa zona.
