Fallas de labor de inteligencia en La Araucanía La Agencia Nacional de Inteligencia posee un diseño que impide su capacidad operativa, por lo que corresponde replantear sus atribuciones.

Fallas de labor de inteligencia en La Araucanía

La Agencia Nacional de Inteligencia posee un diseño que impide su capacidad operativa, por lo que corresponde replantear sus atribuciones.

17/01/2013 - 04:00

EL CRIMEN del matrimonio Luchsinger Mackay era un hecho previsible en La Araucanía, por lo que resulta necesario determinar las responsabilidades que permitieron que dicho conflicto haya escalado a ese nivel sin que existiera capacidad del aparato de inteligencia y policial para prevenir y detener oportunamente la evolución de los hechos. Algunos sectores han atribuido tal responsabilidad a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a la que se atribuye haber demostrado total incapacidad en la detección de antecedentes al respecto. Sin embargo, no ha existido mayor cuestionamiento al desempeño de las fuerzas policiales, algunos de cuyos procedimientos en la zona también necesitan ser corregidos.

La ANI nació por la necesidad, inherente a la seguridad de todo Estado democrático, de tener un órgano capaz de realizar análisis de inteligencia, tanto externa como interna, para prevenir y controlar la existencia de grupos que, excediendo lo meramente delictual, constituyan amenazas a la estabilidad del país. Sin embargo, por complejos políticos de distinto signo, derivados del pasado reciente, no se le dotó de capacidad operativa, sino que se la concibió como un centro de carácter administrativo, donde se realiza el análisis de la información que le proveen los demás integrantes del sistema de inteligencia -policías y Fuerzas Armadas- o que existe en fuentes abiertas.

Al no tener capacidad operativa, la agencia carece de efectividad para levantar información a través de agentes propios y depende de la que buenamente le entreguen otros órganos, aunque sea legalmente obligatorio que la proporcionen. Si bien la ley permitió la existencia de informantes, esta herramienta no resulta útil, pues al carecer de agentes propios se dificulta filtrar los antecedentes que  entregan dichos informantes y determinar su exactitud, lo que encierra el riesgo de adquirir datos dudosos que pueden terminar desinformando y llevando a decisiones erradas en asuntos delicados por su propia naturaleza.

Así, atribuir responsabilidades a la ANI en la situación de La Araucanía no tiene mayor sentido, pues no es dable exigirle lo que por diseño no puede entregar. Dicha situación amerita, más bien, replantear sus atribuciones o de lo contrario prescindir de ella, pero sobre todo ir al fondo del asunto y preguntarse respecto de la capacidad de las policías, que son las que hacen la labor operativa, para generar la inteligencia necesaria que permita enfrentar el conflicto y las razones por las cuales no ha existido en términos eficaces.

En ese sentido, la revelación de la grabación del dramático llamado que hizo una de las víctimas a la Central de Carabineros no puede pasar inadvertida. En ella claramente se advierten debilidades para procesar el pedido de socorro y actuar con la máxima presteza. Las comunicaciones son vitales, y quienes sirven posiciones en ellas deben tener entrenamiento apropiado y cumplir un mínimo estándar. Asimismo, de los hechos quedó claro que no se han tomado medidas básicas para enfrentar los reiterados ataques, como conformar una base de datos de los objetivos potenciales, con identificación de los propietarios y ubicación exacta de los predios, que permita actuar sin requerir mayor información a la víctima. Todas estas omisiones denotan falta de planificación y definiciones operativas que son exigibles al mando policial por parte del gobierno.

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