Nuevos antecedentes respecto a los hechos del 27/F El informe de la PDI entrega antecedentes relevantes para dilucidar judicialmente hasta qué punto cada autoridad cumplió sus obligaciones.

Nuevos antecedentes respecto a los hechos del 27/F

El informe de la PDI entrega antecedentes relevantes para dilucidar judicialmente hasta qué punto cada autoridad cumplió sus obligaciones.

10/02/2013 - 04:00

ESTA SEMANA se conoció el informe final elaborado por la Policía de Investigaciones en relación a los hechos que rodearon el terremoto del 27 de febrero de 2010, en lo referido al comportamiento de los organismos estatales y las personas responsables en el manejo de la situación. A ello se unen las declaraciones prestadas recientemente ante la fiscal por las autoridades presentes esa mañana en la Oficina Nacional de Emergencia, así como las demás que desempeñaban funciones relevantes en el Shoa, Carabineros y la Armada.

Este informe y las declaraciones entregan antecedentes relevantes para dilucidar el punto central de la investigación que se sigue en tribunales, que es determinar hasta qué punto cada autoridad cumplió sus obligaciones y si existe fundamento plausible para imputar a alguna de ellas negligencia que haya incidido en algunas de las consecuencias fatales del tsunami posterior al sismo.

En lo que se refiere a la secuencia de los hechos y la información con que se contaba en la Onemi para tomar decisiones, el informe de la PDI señala que a las  5.17  de  la madrugada del 27 de febrero de 2010 -el terremoto fue a las 3.34-, ya existían en esa repartición antecedentes suficientes sobre la existencias de un tsunami, por lo que “las personas y autoridades encargadas de coordinar y tomar decisiones en la Onemi Central deberían  haber adoptado decisiones oportunas y precisas para poner a resguardo a las personas de los sectores costeros de las regiones afectadas por el terremoto”. Si bien a esa hora ya se habían producido las marejadas con los resultados más graves, todavía  no habían acontecido las que afectaron a Constitución, Talcahuano y Dichato. A partir de estos antecedentes deberán determinarse las responsabilidades administrativas por la tardanza en el acopio de la información, además de las contradicciones e insuficiencias en su contenido; y si pueden derivarse eventuales responsabilidades civiles y penales por la tardanza en la adopción de las medidas requeridas.

Por su parte, en lo que se refiere al desempeño de las autoridades presentes, las declaraciones prestadas por la ex Presidenta Bachelet y sus colaboradores han atribuido a la primera la responsabilidad política de lo que ocurría en la Onemi, pero han dejado la administrativa en el ex Subsecretario del Interior Patricio Rosende y, luego de su llegada, en el ex ministro del Interior Edmundo Pérez, quienes deberían en definitiva responder legalmente por lo obrado. Cualquiera sea la decisión que adopten los tribunales, su resolución adquirirá una innegable connotación política por las expectativas de que la ex presidenta asuma una futura candidatura presidencial. Asimismo, el alcance de esa distinción entre responsabilidad política y administrativa será un punto que previsiblemente será materia de debate en la próxima campaña presidencial.

Por respeto a las víctimas y por la claridad que el país necesita sobre lo ocurrido ese día, de manera de sacar lecciones fructíferas respecto de la forma de enfrentar estas catástrofes, es deseable que se mantenga la debida separación entre la investigación que se sigue en tribunales y el debate político que generan los antecedentes que surgen de ella.

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