Un nuevo enfoque a la política indígena

EL GOBIERNO ha presentado hoy a la OIT la primera memoria sobre las medidas adoptadas para dar efectividad a las disposiciones del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, cumpliendo así, dentro de los plazos y con absoluta normalidad, el compromiso adquirido a menos de un año de su entrada en vigencia. 

El Convenio 169 fue adoptado en 1989, pocos años antes de dictarse en nuestro país la Ley 19.253 o Ley Indígena, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas de Chile, la cual tuvo como principal inspiración dicho convenio. 

A partir de la Ley Indígena, de la implementación de diversas políticas y programas derivados de ella, y de la entrada en vigor de otras normas especiales -como la Ley de Borde Costero de Pueblos Originarios aprobada en 2008- Chile está implementando y dando efectividad al convenio en sus diversos ámbitos. 

Son muchas las materias consagradas en nuestra legislación que dan clara muestra de lo anterior. Destacan la validez de la costumbre indígena como fuente del derecho; las normas de protección de las tierras indígenas; la incorporación de la medicina tradicional indígena y los programas de becas y educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación. Mención aparte merece la implementación de la consulta y participación de los pueblos indígenas respecto de las medidas administrativas y legislativas que puedan afectarles directamente. Ya se han realizado seis  procesos de consulta en diversas materias y se encuentran en ejecución otros tantos. 

Sin embargo, la entrega de esta memoria es también un momento oportuno para reflexionar sobre el rumbo que debe tomar la política indígena en el país. La conformidad de la legislación chilena con el Convenio 169 no significa que no sea necesario mejorar las políticas a favor de nuestros pueblos originarios. Existe un consenso mayoritario en cuanto a que la institucionalidad en esta materia debe perfeccionarse y que se requieren profundos cambios en varias de las políticas más emblemáticas implementadas en los últimos años. 

En esta coyuntura, el gobierno ha reafirmado su convicción en la riqueza invaluable que significan nuestros pueblos originarios. Y con esta misma convicción se deben acometer los principales desafíos que enfrentamos: fomentar decididamente las culturas e identidades indígenas; corregir y mejorar sustancialmente los procedimientos de entrega de tierras, asociándolos a iniciativas de apoyo productivo; reestructurar completamente la institucionalidad vigente, y seguir instalando procesos efectivos de participación indígena. 

Ejemplo claro de este nuevo enfoque es el Plan Araucanía anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en Temuco. Esta iniciativa busca dar una mirada integral al desarrollo indígena, dotarlo de pertinencia cultural y superar así la visión parcial predominante hasta ahora, basada fundamentalmente en la entrega de tierras. 

Tras 20 años de una política que no ha sido capaz de promover el desarrollo de los pueblos indígenas y de asegurar una buena convivencia social, es hora de promover un reencuentro histórico con ellos sobre la base de trabajar arduamente para asegurarles el acceso a las oportunidades que les permitan desarrollarse con pleno respeto a su identidad y cultura.