Drogas: el espejismo de la legalización

Las 28 mil muertes que ha ocasionado desde 2006 la guerra entre los carteles del narcotráfico y el Estado mexicano han hecho que aparezcan voces exigiendo al Presidente Felipe Calderón un cambio de estrategia. El año pasado, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria denunciaron que las políticas de "represión de la producción y la distribución, así como la criminalización del consumo", han fracasado en erradicar las drogas, y propusieron despenalizar la marihuana. Otros, como Vicente Fox, van más allá y piden la legalización de todas las drogas. 

Las razones: la liberalización les quitaría el negocio a mafias violentas y corruptoras y, al hacer legal la comercialización, generaría impuestos que podrían destinarse a la prevención y educación antidrogas. En suma, a la sociedad le convendría la despenalización.

Incluso entrando en la lógica utilitarista de ese argumento, y haciendo abstracción de la dimensión moral de este debate -que existe, por supuesto-, es muy dudoso que la legalización sea la vía adecuada. Para que funcione, debe ser adoptada para todas las drogas -blandas y duras- y por todos los países. De poco serviría para los objetivos declarados por los liberalizadores permitir el tráfico de algunos narcóticos y sólo en determinados lugares. Sin embargo, todos sabemos que una despenalización completa y global es hoy una utopía, y quienes la proponen debieran partir por reconocerlo. 

Que no lo hagan da pie para sospechar que las motivaciones de muchos de ellos no son pragmáticas, como quieren hacernos creer, sino más bien ideológicas (o sea, tan utópicas como su propuesta). 

Tampoco es obvio que las mafias dejarían de operar. El mercado legal de las drogas tendría que estar altamente regulado y los narcos harían lo que saben hacer muy bien: corromper a los funcionarios públicos encargados de fiscalizarlo. Dada la debilidad institucional de estados como el mexicano, probablemente seguirían teniendo éxito en ello.

No es casualidad que las mafias del narcotráfico arraiguen en países cuyos estados son débiles. EEUU, por ejemplo, es un gran mercado para las drogas, pero allá los narcos no son capaces de alterar el orden público como lo hacen en México. Todo lo contrario, muchos prefieren morir antes que enfrentar juicio en una corte norteamericana, donde las condenas son largas y se cumplen. En Colombia, el debilitamiento de los carteles y la producción han coincidido con el robustecimiento del Estado.

Un Estado débil no se manifiesta sólo en su incapacidad para frenar al narcotráfico, sino en que no puede enfrentar toda clase de flagelos. En Venezuela, por ejemplo, mueren cada año 18 mil personas en crímenes comunes (no se conoce de grupos de análisis ni informes de ex presidentes analizando este fenómeno, como sí ha ocurrido en el caso de México, donde cuantitativamente el problema es menos de la mitad de grave). Una matanza de esas dimensiones es reflejo de un Estado inepto y corrupto.

La derrota de plagas como las que padecen México y Venezuela pasa, entonces, por dotar al Estado de una administración pública eficiente y de calidad, de un diseño institucional coherente y sólido, y de legitimidad frente a una población que debe cultivar valores, normas y una cultura acordes con esos objetivos. Nada de esto se arregla con una ley.