Mala memoria y poca vergüenza

ESCRIBO ESTAS palabras cuando aún no se pone término a la huelga de hambre de 34 mapuches. Nuestras autoridades y dirigentes políticos cruzan acusaciones recíprocas, se declaran perplejos e irritados, cuando en realidad deberían estar profundamente avergonzados. A ratos pareciera que asistimos a un debate sin historia, donde sus protagonistas argumentan y justifican sus decisiones como si no tuvieran pasado. Con olímpica impunidad se declaran consternados frente a episodios que son consecuencia directa de sus propias acciones y omisiones.

Es cierto que debemos hacer un esfuerzo por distinguir lo importante, es decir, la histórica demanda por reconocimiento, protección y promoción de los pueblos originarios; de lo que hoy parece urgente, a saber, el problema judicial específico que afecta a un grupo de personas procesadas y condenadas por la ley antiterrorista. Aunque relacionadas, se trata de cuestiones distintas, donde sin embargo muchos deben dar cuenta de sus errores y responsabilidades.

En lo que atañe al tema de fondo, quienes fuimos parte de los gobiernos de la Concertación debemos reconocer el rotundo fracaso de una política pública, que lejos de contribuir a la solución del problema, lo perpetuó -cuando no agudizó- durante las dos décadas que estuvimos en el gobierno. Más allá de las buenas intenciones,  terminamos por diseñar un modelo que no cumplió con sus modestos objetivos, generando desencanto y frustración.

Peor todavía, en el tránsito creamos una institucionalidad que fue caldo de cultivo para la burocracia, el despilfarro, cuando no los negociados. Todo lo cual favoreció a unos pocos, atomizando a las comunidades y contribuyendo a la rabia de quienes se sentían postergados. Sin apelación o excusa posible, la gravedad del problema tiene también origen en nuestras propias culpas.

 Sin embargo, nada de eso templa el severo juicio que debe hacerse al actual gobierno por la indolencia con que se afrontó el episodio que hoy nos desvela. Llegó también el momento de decir las cosas con claridad.

Las modificaciones legales que hoy tramitamos no eran suficientes para desactivar el conflicto. El gobierno lo sabía desde un primer momento y pese a las claras señales de los afectados, persistió en su arrogancia. La extemporánea solicitud de mediación a la Iglesia, la recién instalada mesa de diálogo o el contradictorio ofrecimiento de retirar las querellas, son sólo evidencia de que se actuó tarde y mal. En efecto, los mismos que apelan a la disciplina de los aliados y a la comprensión de sus adversarios, en el pasado rechazaron sistemáticamente los intentos por modificar las leyes que hoy  repentinamente los escandalizan. Sin ir más lejos, en plena campaña electoral, el actual Presidente de la República sentenciaba: "se han cometido hechos de terrorismo y el gobierno, en vez de aplicar la ley antiterrorista, hace vista gorda. Un puñado de delincuentes tiene de rodillas al país, porque el gobierno no ha cumplido su deber". 

Más que de rodillas, lo que ha desnudado ese puñado de comuneros mapuches es la inconsistencia, hipocresía e incapacidad política de la clase dirigente para haber resuelto un problema que jamás debió haber llegado a estas instancias.