Subsecretaría de Derechos Humanos

DIVERSAS REACCIONES ha generado la idea del senador Hernán Larraín de impulsar la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos. Junto con valorar la iniciativa, que además da cuenta de la relevancia creciente que cobra el tema transversalmente en la política chilena, coincido con el senador en que los derechos fundamentales son una necesidad básica de los pueblos. Pero más aun, forman parte de la esencia de todo Estado democrático, razón por la cual la comunidad internacional ha promovido la creación de mecanismos nacionales autónomos de los gobiernos para impulsar y proteger los derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile.

La diferencia entre una entidad como el Instituto y una Subsecretaría de Derechos Humanos debiera ser obvia, aunque no por ello conocida por la ciudadanía.

En el primer caso, estamos ante un órgano público autónomo que evalúa el accionar del Estado en materia de derechos humanos, promueve cambios en la legislación y en las políticas públicas de manera que garantice cada vez más y mejor los derechos de las personas y colectivos, y defiende a los ciudadanos frente a la negación de sus derechos ante los tribunales nacionales, e incluso ante las instancias internacionales de protección de dichos derechos. Para cumplir con estos objetivos debe garantizar, por lo tanto, independencia frente a la administración y poderes del Estado, pluralismo en la composición de sus órganos directivos y estabilidad en el tiempo.

En el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se trata de una entidad de gobierno, compuesta por funcionarios públicos que dependen jerárquicamente de la autoridad política, y si bien pueden contribuir a mejorar la gestión desde el punto de vista de los derechos humanos, no pueden garantizar su independencia al hacerlo. No obstante, es pertinente que exista una entidad administrativa que coordine los esfuerzos  internamente, agilizando las respuestas frente a la comunidad internacional,  generando indicadores de cumplimiento de derechos en la política pública y organizando una respuesta coherente y transversal en derechos humanos con mayor peso político y, por lo mismo, con mayores probabilidades de éxito que la que hasta ahora ha existido.

Ahora bien, si de institucionalidad en derechos humanos se trata, cabe señalar que hay otras formas de garantizar su protección y que contribuirían al reforzamiento de una red pública en favor de los ciudadanos. Como lo plantea el Informe Anual 2010, se requiere avanzar al menos en la creación del ombudsman o defensor del pueblo, que constituye una deuda pospuesta por décadas, y del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. En ambos casos, el reforzamiento de la institucionalidad de derechos humanos exige la instalación de órganos estables, permanentes, independientes, autónomos y pluralistas que no respondan a los intereses de los gobiernos; también, que tengan las competencias y facultades suficientes para ejercer sus funciones fiscalizadoras de amparo y representación frente a las diversas expresiones de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.