LA LLAMADA ley corta de isapres, que hoy se vota en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, consolida la discriminación por sexo y edad, y no guarda relación alguna con la reforma urgente que necesita el sector salud en Chile.
En 2010, el Tribunal Constitucional estableció que las tablas de riesgo de las isapres eran inconstitucionales y que los mayores cobros a las mujeres, recién nacidos y las personas mayores constituían una violación del principio de no discriminación arbitraria. Esto ha provocado una oleada de reclamos ciudadanos ante los tribunales pidiendo que se invaliden los costos excesivos de sus planes de salud y el sistema de isapres ha entrado en crisis.
Lo anterior abre una oportunidad de oro para reformar integralmente el sistema de salud introduciendo solidaridad en el financiamiento, particularmente al sistema de isapres, que ha funcionado con una lógica de selección de riesgos. En lugar de eso, el gobierno ha optado por enviar al Congreso un proyecto que establece por ley las tablas de riesgo de las isapres atenuando o aplanando las diferencias de precio.
Esta decisión contradice lo planteado desde la campaña electoral por el Presidente Piñera, quien anunció su deseo de iniciar una reforma del sistema de salud. Con ese objetivo, el gobierno encargó un informe a expertos, cuya posición de mayoría propuso diseñar un Plan Nacional de Salud obligatorio para isapres y Fonasa, crear un Fondo de Redistribución de Riesgo para aumentar la equidad y la solidaridad del sistema, y que las isapres se transformen en Instituciones de Seguridad Social en Salud. Ninguna de esas ideas está contenida en la ley corta de isapres.
Lo que hay es un proyecto para salvar a las isapres sin cambiar significativamente las reglas del juego. Se atenúan las diferencias de precio, pero se legaliza la posibilidad de discriminar. El proyecto consolida por ley la denominada tabla de factores, que discrimina por género y edad en la determinación de los precios de los planes de cobertura, manteniendo la inequidad en el financiamiento del sistema. Es por esto que un número de parlamentarios ha declarado su intención de rechazar este proyecto de ley, por considerarlo una consolidación de la inequidad del sector salud.
En la reforma del Auge, durante el gobierno del Presidente Lagos, se planteó esta misma discusión. El proyecto original, bastante más ambicioso que el aprobado finalmente, incluía la creación de un fondo de compensación de riesgos financiado entre todos los cotizantes del sistema de salud, público y privado. La derecha exigió eliminar dicho fondo como condición para aprobar la reforma, señalando que cada persona es dueña de su cotización y no puede ser obligada a aportar a un fondo común, olvidando que el 7% es una contribución obligatoria y, como tal, debe adecuarse a la lógica del interés público.
Si se consolida una mayoría parlamentaria contra el proyecto, el gobierno deberá escuchar y hacer una reforma de verdad, que elimine las tablas de riesgo reemplazándolas por un Fondo de Compensación en que todos ayudemos a financiar la salud de los cotizantes más vulnerables. Un sistema solidario, como debe ser.
