Educación superior: a nivelar la cancha

UN MULTITUDINARIO grupo de universitarios salió ayer a las calles para exigir a las autoridades de Educación un aumento en los recursos para los planteles estatales, entre una serie de demandas que han levantado como bandera de lucha. La protesta fue una muestra de fuerza, que se suma al candente debate que se ha instalado por estos días entre altas autoridades del Consejo de Rectores (Cruch) y algunas universidades "privadas". Es una discusión interesante, pero que no está focalizada en el desafío que enfrenta el país: entregar mayores recursos a los alumnos más necesitados, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

 Hoy cerca del 80% de los jóvenes del quintil más rico ingresan a este sistema y sólo 20% del más pobre hace lo mismo. Esto significa que actualmente 400.000 jóvenes están perdiendo la gran oportunidad de cursar estudios superiores. Son personas que seguramente no tuvieron un desempeño descollante en la PSU, provenientes de familias humildes y que no pudieron optar a una mejor enseñanza media, pero que merecen las mismas oportunidades que tiene el millón de jóvenes que sí están matriculados en la educación superior.

¿Quién se preocupa de ellos?

Por las razones ya mencionadas, parece poco probable que puedan acceder a las universidades del Cruch o a las "privadas". La educación superior técnico-profesional representa entonces una gran oportunidad para ellos. Por la menor duración de las carreras, orientación a la práctica, aranceles reducidos, por la facilidad de compatibilizar trabajo y estudio,  así como por la empleabilidad de sus egresados, los  Institutos profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) constituyen una alternativa.

 El tema no es entonces este enfrentamiento epistolar entre universidades tradicionales y privadas, ni la forma en que el Estado debe transferir recursos a tal o cual institución, sino cómo generamos condiciones para que la educación superior sea mucho más inclusiva desde el punto de vista socioeconómico y entregue igualdad de oportunidades a todos.

La desigualdad antes descrita está fundada en políticas públicas que por años han tendido a apoyar solamente a un grupo de instituciones, dejando de lado la óptica de ayuda a los alumnos más necesitados. No es posible que existan contrastes tan discriminatorios en materias como el financiamiento estudiantil. Un ejemplo de ello es el Crédito con Aval del Estado (CAE), cuyas condiciones de préstamo están muy lejos del Crédito Solidario, este último reservado sólo para quienes se matriculan en universidades del Consejo de Rectores y que entrega beneficios muy superiores a un grupo de alumnos que no en todos los casos tiene necesidades económicas.
 La diferencia entre las tasas de interés de ambos, estimadas en un 2% en el caso del Crédito Solidario, y en un 6% en el del CAE, revelan que es urgente que haya un aumento en las becas y avanzar hacia un sistema único para financiar las carreras.

 Esperamos que el gobierno del Presidente Piñera, que ha dado señales de reconocimiento a la educación técnico-profesional, entregue en su discurso del 21 de mayo respuestas concretas a esta realidad.