Debate sobre seguridad pública

Sería deseable contar con información sobre una evaluación global de las políticas públicas del sector.

por Xavier Armendáriz - 21/11/2011 - 04:00

LUEGO de conocidas las cifras del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre las denuncias de delitos de mayor connotación social (DMCS), se desencadenó una amarga disputa entre las autoridades que están vinculadas al control y represión del delito. Es evidente que la ciudadanía espera que las autoridades involucradas, en lugar de enfrascarse en mutuos intentos de endosarse responsabilidades, mostraran la forma en que cada una desempeña sus respectivos papeles. 

En este sentido, cabe precisar que el resguardo del orden y la seguridad pública corresponde a la autoridad ejecutiva. Por ello, sería deseable contar con información sobre una evaluación global de las políticas públicas del sector (Plan Chile Seguro) y, en especial, respecto de la eventual alza en la comisión de los DMCS y las causas que la estarían generando. Asimismo, al ser una tarea en que de acuerdo al artículo 101 de la Constitución Política de la República, es muy relevante la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, resulta imprescindible el ofrecer  indicadores específicos de su eficacia en el control del delito, aspecto sobre el cual nuestra realidad muestra una falencia crónica que impide una evaluación seria sobre su actuar. 

Asimismo, puede  dirigirse la mirada hacia otros actores, como el Ministerio Público, que si bien tiene asignada constitucional y legalmente una labor de persecución penal, es evidente que su acción influye en el control global del delito, en especial si se la enfatiza respecto de la habitualidad delictiva. Sin embargo, la sola acción eficiente de cada una de las autoridades reseñadas, sería insuficiente si no actuasen coordinadas. No cabe duda de que si se actuase en conjunto ante el control y represión de los grupos que provocan desmanes y delitos en cada manifestación pública, se podrían haber obtenido logros, teniendo presente que su actuar es más que previsible, y que diversos sectores ciudadanos que ocupan las calles como tribuna legítima de sus intereses, repudian su violencia. En esto debiesen considerar especialmente los estándares de prueba que exigen los tribunales, misión de la que no pueden éstos prescindir por respeto al estado de derecho, para efectivamente alcanzarlos y evitar la impunidad.

Esta coordinación, de la cual la gestión del nuevo mando de Carabineros está dando prometedoras señales, podría facilitarse a través del establecimiento de metas comunes fiscalía-policías, fijadas gracias a  acuerdos interinstitucionales directos. Reconocemos que se trata de una tarea compleja, pero podría explorarse a través de planes piloto. 

Todo lo anterior no nos libra de tener presente que como realidad social que es, el fenómeno delictual debe ser abarcado en sus múltiples aspectos y en especial atender a sus causas, pues la experiencia muestra que sólo la acción sobre ellas garantiza el reducir las tasas delictuales en forma significativa y permanente.

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