Una mirada común en seguridad ciudadana

EL INDICE Paz Ciudadana-Adimark Gfk del segundo semestre de 2011, que consulta a 4.037 personas de 25 comunas de la Región Metropolitana y 16 de regiones, aplicada entre el 4 de noviembre de 2011 y el 4 de enero de 2012, dio cuenta de una vuelta a los índices de victimización de hace cinco años, una alta concentración de la actividad criminal en algunas zonas, un aumento en el "alto" temor y una mala evaluación de las instituciones responsables.

Tras 13 años de aplicación, esta encuesta es la más antigua del país, que ha permitido conocer la evolución de delitos contra la propiedad y es una herramienta clave para tomarles el pulso a la delincuencia y a las políticas de seguridad. Respecto de la victimización por delitos de robo o intento de robo, el índice arroja un aumento de 6,3 puntos porcentuales (de 33% a 39,3%), entre diciembre de 2010 y 2011, alza que se registra tanto en Santiago como en regiones. Asimismo, vemos que el 89,5% de los delitos se concentra en el 27,4% de los hogares en Chile, principalmente en Santiago y en la zona norte de la capital. Igualmente, preocupante resulta el aumento de la revictimización de 19,7% en diciembre de 2010 a 27,4% en diciembre de 2011.

Sin embargo, no sólo se registra una mayor victimización en la capital, sino que también -y lo que más debemos atender- dentro de la comuna y del barrio, especialmente considerando las próximas elecciones edilicias en las que este tema deberá ser abordado con altura de miras. Cinco puntos porcentuales crecen (de 27,9% en diciembre de 2010 a 32,9% en diciembre de 2011) los hogares víctimas de la comuna. Las personas también opinan que la violencia y la delincuencia en su barrio han aumentado significativamente. Lo anterior, sumado a la mala evaluación de las autoridades a cargo de la seguridad (que en promedio obtienen 3,9 en la escala de 1 a 7) y a la baja satisfacción de las víctimas con la actuación de policías y fiscales después de denunciar, es un llamado sobre la necesidad de revisar la suficiencia y eficacia de las intervenciones. En este sentido, es positiva la creciente línea de evaluación de programas adoptado por ministerios sectoriales en temas policiales y carcelarios. La actividad criminal es un fenómeno social cambiante, por lo que es complejo identificar en el corto plazo las causas específicas de su aumento y/o disminución en determinados períodos. Sin embargo, podemos identificar nudos críticos, como la necesidad de realizar análisis criminal, sobre todo en aquellos casos sin imputado conocido, para reconocer patrones y actuar proactivamente. Asimismo, la generación de una mayor calidad de servicio hacia las víctimas y los denunciantes. También debe atenderse al hecho de que unos pocos son responsables de una buena parte de los delitos. Cómo avanzar en quebrar estos círculos delictivos también debe ser parte de la preocupación. 

No debemos simplificar el problema enfocándonos sólo en el área de control, desatendiendo la urgencia de concentrarse en las causas y factores que facilitan la reincidencia. Una de las áreas más olvidadas como política pública ha sido la rehabilitación y reinserción que es necesario priorizar, avanzando hacia la creación de una institucionalidad ad hoc, profesional, separada de Gendarmería y con presupuesto propio.