Derecho a fumar

CUANDO las políticas públicas no son capaces de corregir ciertos problemas estructurales en el comportamiento de la población, los legisladores resuelven su ineficacia imponiendo conductas que terminan atentando contra las libertades individuales de las personas.

Por más de dos décadas se ha intentado, sin éxito, reducir el consumo de tabaco con medidas tanto de carácter económico (gravar las cajetillas con uno de los impuestos más altos del mundo)hasta campañas comunicacionales. 

Poco o nada se observa de acciones concretas en los programas de educación escolar, no sólo respecto de los daños que provoca en la salud, sino incluso en términos económicos, por ejemplo, de cómo medir el valor futuro de un ahorro de cinco cigarrillos diarios durante equis años, aún a la tasa de interés más conservadora del mercado financiero.

Muchos políticos no se dan cuenta que el mercado es capaz de auto regular su oferta en función de las  preferencias del mercado. En vez de prohibir fumar cambiando las condiciones que antes obligaron al empresario a invertir para cumplir con la norma de tener ambientes separados para fumadores y no fumadores, lo que atenta contra uno de los principios básicos de una economía, bien podría permitirse que sea el propio empresario quien decida establecerse con un local para fumadores o para no fumadores.

Si tiene la posibilidad de elegir libremente, decidirá sabiendo que deberá hacerse cargo de los costos si la decisión fue mal tomada o de los beneficios si fue correcta.

Los actuales fumadores conocen los problemas de salud que pueden enfrentar por hacerlo y, por lo tanto, como adultos deben seguir teniendo la libertad de elegir. Así no se les coarta la posibilidad de asistir informada, libre y responsablemente a cualquier lugar que permita fumar. La clase política no tiene el derecho de establecer si tenemos o no la capacidad de optar respecto a qué hacer en el ámbito privado.

Si hoy los vehículos pueden llegar a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora y a ningún político se le ha ocurrido prohibir su importación o circulación porque superan los límites máximos permitidos, se debe a que las normas del tránsito, las campañas de educación en el control de velocidad, en el uso del cinturón de seguridad o con señaléticas similares a la de las mejores carreteras del mundo, han demostrado ser capaces de contener en gran medida los excesos. 

Entonces, ¿por qué no reglamentar, informar y sancionar el incumplimiento de la norma respecto de dónde se puede o no fumar? Esta es una alternativa viable que muestra respeto y tolerancia por las opciones individuales de ambos sectores y que no restringe la libertad de trabajo ni de emprender. No queremos un Chile que por su incapacidad de educar, quite de las mesas de los restaurantes los saleros, como en Argentina, ni que prohíban la producción y venta de chorizo o mayonesa por su alto contenido de colesterol.

Los costos derivados de las enfermedades por el tabaquismo son altos, pero también lo son los generados por la contaminación ambiental, por la creciente obesidad de la población, por el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo, entre otras cosas que se podrían nombrar. Y por qué no decirlo, por el estrés de quienes se ven impedidos de fumar. La solución debe buscarse en la educación, donde la comunidad sea eficazmente informada y se aprendan hábitos de consumo correctos desde la más temprana edad.