Un enfermo terminal

LA SITUACION de la educación municipal no ha mostrado mayores avances en los últimos cinco años. La matrícula del sector ha venido disminuyendo de manera importante, para llegar a menos del 40% del total, y el número de alumnos por establecimiento ha seguido bajando, lo que hace cada vez más inviable la sostenibilidad financiera de los mismos. Si bien ha existido un repunte en los puntajes Simce de este sector, todavía no alcanzan los niveles promedio de los establecimientos particulares subvencionados. La institucionalidad de la educación pública a nivel local tampoco ayuda mucho. Hay una excesiva rigidez normativa, una falta de claridad de las responsabilidades entre el gobierno central y los municipios, lo que redunda en un insuficiente escrutinio público. A lo anterior se suma un amplio consenso respecto de que el financiamiento actual no permite entregar un servicio de calidad suficiente.  

Este breve diagnóstico pareciera revelarnos que estamos frente a un enfermo terminal  para el cual sólo estamos esperando su deceso. Por lo tanto, ¿tiene sentido intentar revitalizar a este paciente o mejor dejarlo morir "desmunicipalizando"? Estudios realizados en la UC muestran que cuando los municipios se involucran en la gestión, estos sí producen un efecto positivo en los aprendizajes de los niños. Adicionalmente, la educación municipal cumple el rol de ser proveedor de última instancia, acogiendo a estudiantes que han sido rechazados en otros espacios, y provee una serie de otros apoyos y servicios sociales a las familias que atiende, los cuales sólo pueden ser provistos por un gobierno local. El proyecto de ley que crea las Agencias Públicas de Educación Local presentado por el gobierno en noviembre pasado no aborda los problemas de fondo, no soluciona el problema de la dilución de responsabilidades, tampoco entrega mayores atribuciones en lo técnico-pedagógico a los municipios, ni ofrece recursos económicos adicionales. Más aún, muchos de los problemas de la educación pública local no son propios del municipio, sino de la institucionalidad educativa en general. Estos antecedentes hacen pensar que su discusión será muy larga, ideologizada y con pocas probabilidades de llegar a resultados. 

¿Qué hacer? Lo más urgente será implementar todos los cambios institucionales que se han aprobado, particularmente la entrada en operación de la Agencia de Calidad de la Educación y la superintendencia. En segundo lugar, es fundamental avanzar en la tramitación del proyecto que aumenta las subvenciones educacionales. En tercer lugar, se podría anticipar la implementación de la Ley de Calidad de Educación, exigiéndoles a los actuales directores de Educación Municipal la elaboración de un Convenio de Desempeño y dotándolos de atribuciones para seleccionar a sus equipos de colaboradores más cercanos, para lo que se requiere de un lineamiento que provendría de una nueva carrera docente. También debe revisarse el mecanismo de pago de la subvención, considerando la matrícula, asistencia y mejoramiento en el rendimiento escolar. 

La educación municipal está en la UTI, pero existen herramientas que podrían ayudarla a salir de ese estado próximamente; sólo falta ponerlos en marcha con urgencia.