PARA LA fruticultura nacional, Latinoamérica representa nuestro barrio, nuestro mercado natural. Sus economías crecen de manera sostenida y las ventajas logísticas que ofrece han permitido que se transforme en un destino más que interesante para los productores-exportadores de fruta fresca. De hecho, durante la última temporada fue la segunda plaza que mostró mayor dinamismo, aportando el 14% de nuestros envíos, al totalizar 37 millones de cajas.
En este escenario, Argentina se situó como el quinto destino de nuestras exportaciones frutícolas, con 1,7 millón de cajas distribuidas en kiwis, paltas, limones y almendras principalmente. La entrada en vigencia de una serie de medidas impuestas por el gobierno trasandino para controlar las importaciones contravienen a una política comercial que tiende a fortalecer y reafirmar los procesos de apertura e inserción en estos mercados.
Ejercer un mayor control de las importaciones mediante la imposición de una declaración jurada anticipada de lo que se compra en el exterior, en este caso, referido a los alimentos perecibles, no sólo atenta contra la calidad de los productos. De hecho ya hemos conocido casos de productores de fruta a quienes se les ha retenido su carga en la frontera con serios peligros de pudrición debido a los varios días que puede demorar esta operación (se habla de 72 horas, pero este trámite se puede extender hasta 10 días), sino que también se contrapone con el entendimiento e integración que se procura a nivel de países y a través de tratados como el Mercosur.
Lo anterior, lamentablemente, tendrá un efecto directo en las medianas y pequeñas empresas de nuestro sector, cuyo esfuerzo por iniciarse en la exportación directa se ve truncado y representa claramente un retroceso aquel proceso, incluso llegando a complicar su factibilidad económica en el tiempo. Es que actualmente no hay negocio o actividad que resista un cambio "en las reglas de juego", sobre todo cuando se trata de un decreto que apunta hacia una acción proteccionista de la economía local. Además, hay que considerar que Argentina exhibe una balanza comercial de tres mil millones de dólares a favor con Chile, ante lo cual las confianzas se verán irremediablemente minadas producto de una situación como ésta. No se entiende la aplicación de esta medida en el caso particular de nuestro país.
Por otro lado, hay que considerar el aumento de los costos de producción y exportación en Chile. Esto, consideramos, llegaron para quedarse, y frente a este tipo de medidas, que dilatan el retorno de los ingresos a los productores, no hace más que amenazar la frágil línea de rentabilidad con la que actualmente opera la industria frutícola chilena.
Ante este escenario, es aconsejable que las autoridades chilenas adopten medidas tendientes a que el gobierno argentino retroceda en su decisión, cuya justificación ha sido, según entendemos, para protegerse frente a los embates de la crisis internacional, pero que a todas luces no se condice con fortalecer nuestras relaciones comerciales, ni menos para enfrentar una economía globalizada de manera conjunta o regional.
