EN CHILE nos hallamos expuestos, cada vez más, al problema de la compatibilidad entre interés privado e interés público. Durante un año entero nos vimos enfrentados a movilizaciones estudiantiles, una de cuyas banderas era el "fin al lucro", o sea, a que los privados que tenían universidades se hicieran más ricos proveyendo educación.
Ahora, en pleno verano, tres noticias, a saber: primero las denuncias del Ministerio del Trabajo contra la empresa Tur-Bus; luego la condena a Cruz Verde y Salcobrand por colusión; y la denuncia del ministro de Salud acerca de las presiones y el lobby de las tabacaleras, vuelven a poner en el tapete los límites de la acción de los privados en asuntos en los que el interés público se encuentra en juego.
La demanda de los estudiantes, las denuncias del ministro de Salud y la ministra del Trabajo, y el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, hacen evidente escenas similares: por un lado, los privados, intentando incrementar su beneficio personal; por otro, grupos políticos, funcionarios o instituciones públicas, tratando de hacer prevalecer el interés general de la sociedad frente a aquel beneficio personal.
¿Significa esto que los empresarios privados son malas personas, no así los consumidores y los trabajadores? Para nada. Todos buscan, hasta cierto punto, maximizar utilidades. El problema al que nos enfrentamos aquí no es de carácter moral, sino institucional.
Ocurre que el mercado, incluso el mercado ideal, no es, como la democracia, expresión simplemente de la mayoría. En el mercado hay posiciones mejor representadas que otras, porque en él las partes valen según la cantidad de recursos económicos con que cuenten. Además, el mercado no es la casa o el bar donde nos reunimos con los amigos y personas que nos tienen afecto. En el mercado las partes valen simplemente por la utilidad que reportan.
O sea, si se deja al mercado abandonado a sí mismo, los más poderosos podrán utilizar a los más débiles para su propia ventaja. Es decir, los trabajadores y consumidores (salvo que se hallen fuertemente organizados) verán desmejoradas sus posiciones. Con independencia de lo buenas o malas personas que sean los privados, institucionalmente el mercado conduce a abusos.
Precisamente por esto es que tenemos que hacernos cargo de apoyar, como ciudadanía, las acciones de denuncia, fiscalización y condena responsable, que realizan ministros, movimientos políticos y organismos públicos. En tanto ellos encarnan una racionalidad pública; es decir, una que vela por el interés de todos, y no sólo el de algunos, y permiten mantener dentro de su cauce la racionalidad utilitaria del mercado.
Esas acciones son la única manera de suspender la dinámica abusiva que termina, institucionalmente, imponiendo el mercado, cuando éste es abandonado a sí mismo. Además, en la medida que mantienen al mercado dentro de límites de justicia y racionalidad, son la mejor manera de legitimarlo frente a los intentos totalitarios de estatización completa.
Por eso, aunque una denuncia o una sanción les pueda doler, los mismos empresarios debieran agradecer la acción de fiscalización y control que los agentes públicos llevan adelante.
