La letra chica de Allamand

EL PROYECTO de ley sobre financiamiento de las compras de armamentos del  ministro Allamand, que esta semana aprobó en primera instancia la Cámara de Diputados, es un mal proyecto, injusto y deficiente. Establece una primacía del gasto en armamentos sobre el gasto social que no existe en ninguna sociedad democrática.

Se deroga la ley reservada del cobre que le asigna directamente a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de Codelco. Pero se mantienen -lo que es peor, se consolidan- privilegios injustificables para las Fuerzas Armadas. Los montos involucrados son muy grandes. Los ingresos de Codelco alcanzaron un promedio de más de                  US$ 15.000 millones en el período 2006-2011 (equivalentes a casi 9% del PIB promedio anual). Gracias a la ley reservada, las FF.AA. habrían percibido cerca de un 1% del PIB cada año. Esto es el triple de lo que pretende recaudar anualmente la modificación tributaria presentada por el actual gobierno.     

Todos los gastos del Estado de Chile se fijan en presupuestos anuales. Con la “ley Allamand”, los gastos en armamentos serían los únicos que se determinen por cuatro años. Al comprometer las compras de armamentos por un período así, en la práctica ningún gobierno podrá escoger su propio gasto en “capacidades estratégicas de la defensa”. Sólo podrá determinar el gasto para el siguiente período.

Tiene sentido que los gastos militares se planifiquen con un horizonte de cuatro o más años. Así se hace en muchos países, y así se contemplaba en la ley que el gobierno de M. Bachelet envió al Congreso en 2009. Lo que no se justifica es que esa planificación se consagre en presupuestos rígidos, un privilegio que no tienen ni la salud ni la educación.

Para ver lo insensato de esta ley, imaginemos que el país debe reasignar recursos para enfrentar una contingencia mayor, como un terremoto. De acuerdo a la “ley Allamand”, para financiar la reconstrucción no se podrá tocar el presupuesto de armamentos y la presión del ajuste caerá sobre el gasto social. Esto es exactamente lo que hizo Pinochet el año 82 para financiar el rescate de la banca. El gasto en defensa no se tocó y al final pagaron el pato la educación, la salud y las pensiones.  ¿Es eso lo que queremos para Chile en el futuro?

La guinda de la torta es que el proyecto establece que los gastos militares en armamento tendrán un piso o una asignación mínima garantizada. ¿Goza el gasto en educación o en vivienda del mismo privilegio? Claramente, no. ¿Quién determinará dicho piso?  Un reglamento que llevará la firma de los ministros de Defensa y de Hacienda de la actual administración.

Según la ley Allamand, el mínimo en ningún caso podrá ser inferior al 70% del monto promedio de la inversión en material bélico y gastos asociados realizada entre los años 2006 y 2010. Durante ese período el gasto en armamentos no estuvo sometido al control ni del Ejecutivo ni del Legislativo, y sólo dependía del precio del cobre, que fue el doble de la década del 90. Es decir, el piso de gasto es 70% de un monto mucho mayor que el gasto promedio en el período anterior al boom del cobre. Por todo lo anterior, le corresponde ahora al Senado corregir con urgencia este proyecto.