EN ESTOS DIAS asistimos a un amplio debate sobre la educación superior, en el que se ha perdido el foco sobre lo esencial. En Chile todos hemos celebrado la ampliación de la cobertura, porque ello significa que muchos jóvenes tienen la oportunidad de cursar estudios superiores.
Durante muchos años esas oportunidades estaban reservadas a una elite. Hoy existe consenso de que la educación superior es un bien social que sólo es posible alcanzar, si existe una cobertura masiva y de calidad. He participado en el tránsito desde un sistema de instituciones selectivas a un sistema con instituciones abiertas e inclusivas y estoy convencido de que éste es un proceso que ha contribuido significativamente al progreso de Chile.
Cuando asumí la rectoría de Inacap en 1998, la institución tenía 19.000 estudiantes y hoy es la institución educativa más grande del país y goza de un prestigio basado en la calidad de la enseñanza que imparte. En la UDLA, donde me desempeño como rector desde 2008, nuestro compromiso es ofrecer educación superior de calidad a miles de jóvenes y adultos, que eligen libremente su carrera guiados únicamente por su vocación. Nuestros 30.000 estudiantes, de los cuales 40% son alumnos trabajadores, son la mejor demostración de que este camino es posible y necesario para tener un país más equitativo.
Creemos firmemente que la educación superior es un tema país y por ello valoramos que se reflexione y discuta ampliamente. Lo que nos preocupa es que este debate se realice en un clima de desconfianza y descalificación, en el que nadie escucha a nadie y en el que es muy difícil concordar una institucionalidad que le dé estabilidad a un sector que por esencia debe planificarse en el largo plazo. El informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados sólo contribuye a exacerbar la desconfianza, cuando sus conclusiones no tienen sustento coherente con los antecedentes tenidos a la vista.
Lamentablemente en la actualidad, cuando hablamos de educación superior, hablamos de recursos económicos, y ello es así porque nuestro país invierte poco en comparación con aquellos con los que nos queremos medir.
Las universidades del Consejo de Rectores sostienen que no cuentan con el financiamiento necesario para cumplir con sus objetivos, y por ello resienten que existan otras instituciones compitiendo por los mismos recursos. Estoy seguro de que si existiera un financiamiento para las instituciones estatales que accediera a sus demandas, no existiría el clima de confrontación al que hoy asistimos.
En un estudio de la Ocde, publicado en 2011, el 87% de los chilenos declara desconfiar de sus pares. Ocupamos un indiscutido primer lugar seguidos por México, que nos sigue muy de lejos con un 26%. Los países nórdicos, en cambio, que tienen un alto nivel de desarrollo, cohesión social y equidad, lideran los índices de confianza.
Si aspiramos a un Chile desarrollado, justo y solidario, es responsabilidad primordial de las instituciones universitarias, gubernamentales y políticas fomentar la confianza, promover el debate racional e informado y construir los espacios para la formación de consensos. Esa es la tarea que hoy más que nunca está pendiente.