¿Gratuidad universal?

YA PARECE haberse consolidado el argumento de que no es posible, ni deseable, extender la gratuidad a todos los usuarios del sistema de educación superior. La posición más asentada es sostener que dicha política sería regresiva, en la medida que también se estaría injustamente subsidiando a las familias más pudientes. Incluso haciendo uso del sarcasmo, la mayoría remata con frases hechas del tipo “no creo que todos debamos pagar la universidad a los hijos de Luksic”, o “¿por qué el Estado debería financiar a los estudiantes de la Universidad los Andes?”.

Y pese a que estos argumentos se presentan como irrefutables, quiero aventurarme a decir que se trata de un legítimo debate, donde todavía hay interesantes razones para disentir y así defender la gratuidad universal.

El primero, y que tiene su origen en una cuestión estadística, muestra que sólo el 10% de los hogares en Chile tiene ingresos mensuales por sobre $ 1.300.000. Dicho de otra forma, para la gran mayoría de los padres es prácticamente imposible costear con recursos propios el que dos de sus hijos estudien en la educación superior. De hecho, los que sí pueden darse ese lujo son un porcentaje todavía más pequeño, por lo que más allá de la anécdota, no parece muy significativo como para desacreditar el beneficio objetivo que sí reportaría para la inmensa mayoría de los estudiantes y sus familias.

Pero aunque así no lo fuera, y de considerarse que también incluir a los más acomodados devendría en una política pública regresiva, creo estamos obviando un segundo argumento que hace referencia a la justicia tributaria. En una sociedad que distribuye equitativamente sus impuestos, y ciertamente Chile no lo es, las personas con mayores recursos contribuyen con más proporción y cantidad de dinero para asegurar la provisión de bienes públicos, no sólo para los menos aventajados, sino también para ellos mismos. De esa manera, si la carga impositiva realmente se asignara de forma similar a cómo se distribuye la riqueza, no habría buenas razones para excluir a los sectores más pudientes de ciertos beneficios que otorga el Estado.

Por último, nada de eso impide que el esfuerzo público sea complementado, mejorado o incluso desechado por quienes, teniendo la posibilidad de utilizar recursos propios, optan por un sistema que les resulta más satisfactorio. Y nada de aquello es incompatible tampoco con la obligación que tiene el Estado de proveer a todos de este servicio que, en el caso de la educación, considero se trata de un bien público. Sin ir más lejos, y habida cuenta la proliferación de alarmas, vigilantes y móviles privados que patrullan en el barrio alto de la capital, ¿resultaría plausible sostener que el Estado pueda excusarse de su obligación de proteger a dichas personas sólo porque ellas están en condiciones de costear su propia seguridad y que la labor de Carabineros, por tanto, se debiera circunscribir sólo a los sectores más modestos?

Ahora bien, si el tema de fondo es priorizar por la escasez de los recursos, dejémonos de aspirinas para disimular los síntomas y ataquemos la verdadera enfermedad: nuestra estructura tributaria que, en los hechos, es la más regresiva de nuestras políticas públicas.