Reality político

QUIEN HAYA estado fuera de Chile en las últimas semanas, habrá constatado al volver que el país político siguió igual, que las discusiones son las mismas, que se eternizan y el avance es casi nulo.La mejor prueba del ambiente de parálisis y la irrelevancia de la discusión fue la tramitación del proyecto de ley sobre salario mínimo. Fijar el guarismo tardó casi un mes, y mientras no se hizo mucho más. No importa que la abrumadora mayoría de los técnicos opine que es peligroso elevar su monto, porque perjudica a los que no tienen empleo. Más puede la imagen de los parlamentarios preocupados de la gente y en la lucha en contra del abuso de las grandes empresas, aunque encontrar alguna que pague apenas el mínimo será un caso de laboratorio: sucede en las “pymes” (más bien en las “micro”), de las cuales, cuando se mencionan, todos se declaran defensores. Las cuñas van y vienen; que el gobierno, casi roñoso, no fue capaz de darles a los pobres sino $ 366 diarios adicionales, mientras los parlamentarios estaban dispuestos a $ 533. Nadie explica por qué no más: sólo un avaro ofrecería apenas $ 167 adicionales.

Los parlamentarios de la Concertación llevaron el asunto a un nivel nunca antes visto. Disconformes con los $ 193.000 del gobierno, cuales justicieros de última hora (cuando el gobierno era el suyo hacían otra cosa), rechazaron en la Cámara de Diputados la idea de legislar, aunque sabían que políticamente no se puede dejar de legislar en la materia. Entonces, el gobierno insistió ante el Senado, donde la oposición tenía votos suficientes para rechazar la insistencia, pero todo se organizó de modo que sin que muchos de los suyos votaran a favor, resultara aprobada. De vuelta en la Cámara, se rechaza ahora en particular el artículo que fija la cifra mencionada. Se despachó un proyecto de ley cuyo objeto era incrementar el salario mínimo, sin que se subiera. El Senado hizo lo mismo. Entonces, el Presidente tuvo que hacer lo que todos sabían que haría: vetó el proyecto para reponer la cifra faltante. Luego de momentos dramáticos, como no se podía rechazar, el veto se aprobó; el reglamento -mezquino- no preveía más dilaciones. Ahora, el país sabe quiénes están a favor y quiénes en contra de los pobres.

También se votó en la Cámara el informe de la “comisión sobre el lucro”, que los que lo han leído coinciden en que está sesgado, repleto de omisiones y mal escrito. Resultado: 46 a favor, 45 en contra y una abstención. Como las cosas deben “aprobarse”, la abstención se suma al rechazo. Empate y no se aprueba. Escándalo, porque el que se abstuvo se retiró antes que se diera el resultado de la votación, motivo -según algunos- de nulidad de ésta. Explica que estaba a favor, pero que habría sido un problema para él aprobarlo y que votó “abstención” como solución intermedia. Y que se retiró para no sufrir un mal rato por su (no) voto. Hasta donde se sabe, a los parlamentarios los elegimos -y pagamos- para que voten, por lo que se esperaría que realmente lo hagan. Y, de paso, que enfrenten el costo del voto que emiten.

Un reality político. Lo paradójico es que mientras más los políticos buscan quedar bien puestos con la gente, más caen en la aprobación ciudadana.