Derecho a fumar

CUANDO LAS políticas públicas no son capaces de corregir problemas estructurales en el comportamiento de la población, los legisladores resuelven su ineficacia imponiendo conductas que terminan atentando contra las libertades individuales.

Por más de dos décadas se ha intentado, sin éxito, reducir el consumo de tabaco con medidas de carácter económico -gravar las cajetillas con uno de los impuestos más altos del mundo- hasta carísimas campañas comunicacionales. Poco o nada se observa de acciones concretas en los programas de educación escolar, tanto de los daños que provoca en la salud, como de sus efectos económicos. Ahora se quiere ampliar la prohibición de fumar en bares, a las oficinas particulares y en producciones audiovisuales.

Respecto de los bares, no se dan cuenta de que el mercado es capaz de autorregular su oferta a las preferencias del mercado. En vez de prohibir fumar, debería ser el propio empresario quien decida establecerse como le parezca. La clase política tampoco tiene el derecho de establecer si tenemos o no la capacidad de optar respecto a qué hacer en el ámbito privado. Prohibir fumar en oficinas particulares sólo muestra la obsesión de algunos, y la ingenuidad de otros, por aumentar la intervención del Estado sobre los derechos individuales. Si hoy se aprueba que “todo evento en lugar abierto donde transiten menores tendrá la restricción de fumar”, quizás mañana quieran prohibir hacerlo en las terrazas de las viviendas vecinas a colegios.

Sin embargo, lo más incomprensible es la idea de prohibir la producción de programas audiovisuales que contengan escenas donde se fume. Cuando los políticos han mostrado una tolerancia absoluta a escenas de extrema violencia, al uso de un lenguaje en extremo grosero, a la exhibición de la mujer como una herramienta sexual, a muchas escenas reñidas con la moral, y a ser ellos mismos protagonistas de programas donde defienden el consumo de drogas, prohibir aquellas escenas donde se fume parece un chiste.

No queremos un Chile que por su incapacidad de educar quite de las mesas de los restaurantes los saleros, ni que prohíban la producción y venta de chorizo o mayonesa por su alto contenido de colesterol. Si hoy los vehículos pueden llegar a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora y a ningún político se le ha ocurrido prohibir su importación o circulación porque superan los límites máximos permitidos, se debe a que las normas del tránsito, las campañas de educación en el control de velocidad, en el uso del cinturón de seguridad, o con señaléticas similares a la de las mejores carreteras del mundo, han demostrado ser capaces de contener en gran medida los excesos.

Los costos derivados de las enfermedades por el tabaquismo son altos, pero también lo son los generados por la contaminación ambiental, por la creciente obesidad de la población, por el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo, entre otras muchas cosas que se podrían nombrar. Y por qué no decirlo, por el estrés de quienes se ven impedidos de fumar.

La solución debe buscarse en la educación, donde la comunidad sea eficazmente informada y se aprendan hábitos de consumo correctos desde la más temprana edad y no en un intervencionismo estatal que, sin duda, a muchos parlamentarios gusta.