Nuevos privilegios de las Fuerzas Armadas

EN EL SENADO se está discutiendo la derogación de la Ley Reservada del Cobre. Después de insistir por muchos años, finalmente la gran mayoría está disponible para terminar con este resabio de la dictadura, que entre otros aspectos destina recursos públicos para el sector Defensa sin ser sometidos al análisis del Congreso ni a evaluación pública alguna.

Como la ley reservada norma la gestión presupuestaria de las Fuerzas Armadas, no basta con derogarla; también se debe legislar sobre el financiamiento del sector Defensa. Al respecto, el proyecto de la administración Piñera, como es su costumbre, viene con sorpresas, pues en vez de asimilar el financiamiento de este sector al del resto del gasto público, establece una serie de prerrogativas para las Fuerzas Armadas. Es decir, les quita el privilegio de la ley reservada sólo para otorgarles otros nuevos. De esta manera, el proyecto consagra un tratamiento presupuestario preferencial para Defensa, por sobre Educación, Salud y todo el resto de los sectores de gasto público.

En primer lugar, el proyecto, no conforme con ratificar la existencia de un piso para el gasto en defensa, extiende su alcance. Así, el gasto para capacidades estratégicas en ningún caso sería menor al 70% de los gastos incurridos entre 2006 y 2010. Casualmente, sucede que en ese período se registraron precios récord del cobre, lo que en el marco de la ley reservada implicó niveles también récord de recursos para Defensa. En otras palabras, el Ejecutivo no podría haber elegido una referencia más generosa para las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, el proyecto propone un fondo de contingencia especial para compras de material bélico, que se constituiría con el saldo de la ley reservada que suma en torno a US$ 2.500 millones. ¿No habrá prioridades mayores en nuestro país que destinar a Defensa un monto equivalente a lo que la reforma tributaria planteada por el gobierno tardaría cuatro años en recaudar? Como si eso no fuera suficiente, el proyecto obliga al Fisco a reponerle al fondo todo lo que Defensa vaya gastando.

Y en tercer lugar, el proyecto establece que el presupuesto de Defensa tenga carácter cuatrienal. Se entiende que ello se plantee para darle estabilidad a la planificación financiera del sector. Pero, ¿no requieren Obras Públicas y el resto de los sectores que ejecutan inversión pública una planificación similar? Si vamos a discutir sobre marcos presupuestarios de largo plazo, abramos entonces la discusión para toda la inversión pública, pero no les demos un privilegio adicional a las Fuerzas Armadas.

Afortunadamente, estamos cerca de terminar con la Ley Reservada del Cobre, símbolo de opacidad fiscal. Pero para lograrlo, el gobierno propone que transemos dándole un trato desmesuradamente preferente al presupuesto de Defensa, que implica una suerte de “protección del gasto militar”. Sin desmerecer el carácter estratégico de este sector, si vamos a proteger algún gasto en particular, habría que preguntarle a la ciudadanía si no preferiría proteger el gasto social o la inversión pública antes que el de Defensa.