Publicidad presupuestaria

ESTAMOS A pocas semanas de iniciar la penúltima discusión sobre la Ley de Presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera. Y aunque siempre ha sido difícil el debate sobre dónde y cómo deben gastarse los recursos, todo hace prever que en esta ocasión lo será todavía más. En efecto, el proyecto que ahora el Ejecutivo debe enviar es aquel que regirá para el año de las elecciones presidenciales.

Dada la gravitación que siempre ha tenido el aparato público en los procesos electorales, no es extraño que la oposición sea particularmente celosa en la aprobación de las distintas partidas presupuestarias. Mal que mal, los resultados de las encuestas de opinión muestran que la derecha debe hacer notables esfuerzos para mejorar no sólo la aprobación de su gobierno, en promedio la más baja de los últimos 25 años, sino también remontar electoralmente la figura de Michelle Bachelet.

La tentación de resolver los problemas de liderazgo y gestión mediante el expediente de aumentar significativamente el gasto no representa ninguna novedad, y también fue muchas veces el camino transitado por la propia Concertación. Pero dicho impulso se exageró en demasía por el actual gobierno, que elevó la parafernalia comunicacional a un sitial donde se confunde el medio con el fin, transformando la política pública en un constante evento, donde el rigor o la prolijidad han cedido a la inmediatez del impacto.

Sin ir más lejos, la actual administración ha elevado sustancialmente los gastos en publicidad gubernamental, lo que se refleja diariamente en la prensa escrita, la radio o la televisión. Incluso más, un reciente estudio de la Universidad Diego Portales muestra cómo han aumentado de manera considerable las menciones al gobierno y el Presidente en TVN, influencia por vía de la presión, a la que también se han visto expuestos otros medios.

En ese sentido, será interesante recordar que no hace mucho tiempo varios personajes del actual oficialismo, algunos ahora instalados en el gobierno y otros en el Congreso, desfilaban acusando la “grosera intervención electoral” de los gobiernos concertacionistas. Visto en perspectiva, muchos de esos actos denunciados han sido replicados y profundizados por las actuales autoridades. Con todo, supongo que los senadores Pérez, Víctor y Lily, ya no estarán muy interesados en reponer una iniciativa “que prohíba la publicidad estatal en años electorales y que sancione la participación de funcionarios fiscales en actos públicos que otorguen dividendos electorales”; cuestiones ambas que presentaron como esenciales para la sobrevivencia del sistema democrático, y que propusieron en forma previa a las últimas dos elecciones presidenciales.

Dichos más o dichos menos, lo cierto es que no se avizora que esta discusión presupuestaria sea particularmente estimulante. La consecuencia no abunda en el debate público y probablemente, en forma transversal, durante los próximos días constatemos que se repiten los mismos argumentos, sólo que ahora se han intercambiado las bocas que los pronuncian. Y no habiendo mucho espacio para abordar con profundidad los temas verdaderamente importantes, la próxima Ley de Presupuesto no resolverá nada muy significativo.