Patentes municipales y sociedades de inversión Ante el fallo de la Corte Suprema que las obliga a pagar patente municipal, miles de sociedades de inversión deberán ahora planificar nuevamente sus estrategias.

Patentes municipales y sociedades de inversión

Ante el fallo de la Corte Suprema que las obliga a pagar patente municipal, miles de sociedades de inversión deberán ahora planificar nuevamente sus estrategias.

por Franco Brzovic - 14/11/2012 - 04:00

LA CORTE Suprema cerró los intentos para liberar de la patente municipal a las sociedades de inversión, resolviendo diversos recursos interpuestos tanto por las propias municipalidades como por los contribuyentes. Para hacer un poco de historia, esas entidades, con la información de capital propio proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, iniciaron hace algunos años el cobro masivo de patentes a contribuyentes que, en forma personal o a través de sociedades, mantenían sus inversiones.

Resistido el cobro a través de los recursos denominados de ilegalidad, la Corte Suprema rechazó sistemáticamente las pretensiones de quienes argumentaban que las sociedades de inversión no estaban afectas a patente municipal por tratarse de una actividad como la inversión, acto pasivo, el que no se encontraba entre los hechos gravados de la Ley de Rentas Municipales. La Corte sostuvo lo contrario, afirmando que esa ley grava con patente cualquier actividad lucrativa, sea cual fuere su naturaleza o denominación, lo que se ha manifestado, entre otros, “por la amplitud del hecho gravado que quiso establecer el legislador”.

En vista de la férrea posición de los tribunales, contenida en más de un centenar de fallos, algunos contribuyentes modificaron su estrategia, optando  por argumentar sobre diversas interpretaciones de la Contraloría General de la República, las que en resumen establecieron que esas personas, naturales o jurídicas, con contabilidad, no eran sujeto de patente. Esta afirmación contradijo en forma y fondo lo resuelto por la Corte y, según los contribuyentes, era vinculante a las municipalidades, esto es, obligatoria, con lo cual, no procedía el cobro.

Consecuente con ello, los afectados como las municipalidades plantearon sus casos en los tribunales de justicia. Así, en un fallo reciente, el tribunal supremo reafirmó que los dictámenes del órgano contralor no eran vinculantes para las municipalidades. La Corte sostuvo que la entidad contralora debe “inclinarse frente a la jurisprudencia de los tribunales”, y que este criterio es una fuente del derecho, naturaleza de que carecen los dictámenes de Contraloría, que son “únicamente constitutivos de jurisprudencia administrativa”. Por su parte, las municipalidades y su organización gremial recurrieron a la Corte a través de un recurso de protección y con una exigua mayoría del tribunal (3 a 2) les acogió sus pretensiones, resolviendo, en definitiva, lo mismo que en el caso anterior, esto es, que al no ser vinculante, no les era obligatorio acatar la interpretación de la Contraloría.

Así las cosas, en estos años de litigios se asumió que este asunto podría ser resuelto en el proyecto de ley sobre reforma tributaria aprobado recientemente. Sin embargo, no fue así, encontrándose  sólo en el Congreso un proyecto o moción de varios parlamentarios proponiendo que las sociedades de inversión deben pagar patente municipal. Al parecer, esta iniciativa legislativa no tendrá un destino claro, pues al Congreso no le es posible legalmente crear un hecho gravado, como es el de las patentes, iniciativa que sólo le corresponde al  Ejecutivo.

Las sociedades de inversión deberán ahora planificar nuevamente sus estrategias. Entre ellas, instalar su domicilio en comunas donde la tasa de la patente sea más económica, seguir intentando un improbable cambio de criterio en la Corte Suprema, o bien, esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

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