El Presidente es quien manda Si el actual Mandatario está molesto por no haber sido consultado en la condonación de Johnson?s, porque sabe que la responsabilidad final es suya, con mayor razón ésta debe atribuirse a la ex Presidenta Bachelet que se encontraba presente en la Onemi el 27/F.

El Presidente es quien manda

Si el actual Mandatario está molesto por no haber sido consultado en la condonación de Johnson?s, porque sabe que la responsabilidad final es suya, con mayor razón ésta debe atribuirse a la ex Presidenta Bachelet que se encontraba presente en la Onemi el 27/F.

por Axel Buchheister - 10/02/2013 - 04:00

LA SEMANA política estuvo dominada por dos sucesos relacionados con el alcance del poder presidencial. Por un lado, estuvo la declaración del Presidente Piñera que “no le gustó no haber sido consultado” en la condonación tributaria de Johnson’s por unos US$ 120 millones, lo que según él se debió haber hecho por su “magnitud y relevancia”, apreciación que dejó en una situación inconfortable al director nacional del SII.

Pero nadie parece haber reparado que, con sus dichos, el Primer Mandatario entró en directa contradicción con el contralor, pues este organismo a fines de diciembre había emitido una suerte de dictamen precisando que la condonación de intereses y multas compete exclusivamente, según el tenor literal de la ley, a las direcciones regionales y la Dirección de Grandes Contribuyentes, sin que corresponda que aquellas que exceden los parámetros habituales estén sujetas a aprobación de la Dirección Nacional, como disponen desde siempre las instrucciones impartidas por ésta. O sea, que condonaciones de “magnitud y relevancia” se resuelven por funcionarios de nivel medio y sin consultar a nadie.

Existía otra interpretación posible, derivada de conjugar la norma específica con otras leyes y prácticas inmemoriales que establecen una estructura piramidal de la Administración Pública, y una relación de dependencia jerárquica de los funcionarios, determinando que éstos no se mandan solos y que hay limitaciones en el ejercicio autónomo de las atribuciones. De las dos interpretaciones posibles, el contralor no parece haber escogido la más sensata, y por la simple razón que al final el Presidente es quien paga el costo político de los platos rotos. Entonces, al menos el director del SII (el subrogante) y el ministro de Hacienda tenían que ser consultados y aprobar la operación.

Por otro lado, estuvo la rectificación de la declaración ante el Ministerio Público de la ex Presidenta Bachelet: sucede que ahora sí reconoció haber estado al mando del Comité de Emergencia en la Onemi durante la madrugada del 27/F, aunque sólo asumió la responsabilidad política y dejó “las otras” a las restantes autoridades presentes. Esto era una obviedad no reconocida (en una columna anterior detallamos los argumentos de por qué era así), y limitar la responsabilidad a la esfera política no tiene efecto alguno, porque se trataba ni más ni menos de tomar decisiones políticas, propias del ejercicio del poder (si concurrió a la Onemi era porque el caso lo ameritaba). Si el comité hubiera estado por hacer una cosa y la Presidenta otra, qué duda cabe que se habría hecho lo que ella hubiera resuelto. Por lo mismo, debe pagar los costos por la vacilación en decretar una evacuación ante el riesgo de tsunami y es inadmisible que pretenda adjudicarlos a otros, dejándolos además expuestos y entregados a su suerte.

Si el actual Mandatario está molesto por no haber sido consultado, pues sabe que la responsabilidad final es suya, con mayor razón ésta debe atribuirse a la ex presidenta que se encontraba presente. Y no basta que la asuma en teoría, dejando la sensación de que en lo que importa deben hacerlo otros, sino que tiene que traducirlo en actos y dichos concretos. Para eso se es -y pretende volver a ser- Presidente de la República.

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