Ordenes de detención pendientes dictadas por jueces llegan a 66 mil en 14 años

En 2001, año en que la reforma procesal penal estaba comenzando su aplicación en cinco regiones, sólo habían siete causas que tenían órdenes de detención dictadas por juzgados de garantía o tribunales orales que estaban pendientes. En 2005, fecha en que la reforma estaba funcionado en todo Chile, este número aumentó a 2.519. Hoy, esta cifra creció exponencialmente.

Así da cuenta el oficio 574-2014, firmado por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en  que se detalla que son 66.041 las órdenes de aprehensión remitidas por los tribunales a Carabineros y la Policía de Investigaciones que no fueron concretadas y están vigentes. (ver infografía)

Esta información fue enviada al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Felipe Harboe (PPD). En el documento se entrega el total de estas órdenes divididas por las instituciones policiales a las que se las decretaron  a nivel nacional.

Ahí se señala que Carabineros tiene a la fecha 31.709 de estos requerimientos pendientes, mientras que la PDI 47.508. Según explica Sergio Muñoz en el oficio, la razón por la que estas cifras son más que el total de 66 mil se debe a que hay ocasiones en que estas órdenes se duplican al ser enviadas a las dos instituciones para ubicar una sola persona.

Los efectos que puede generar este incumplimiento van desde diligencias que no pueden ser ejecutadas durante las investigaciones porque no está el imputado, la imposibilidad de ir a un juicio si el requerido es el acusado en el caso o el sobreseimiento temporal del proceso hasta que sea ubicado, entre otras consecuencias.

De los tribunales más afectados por estas órdenes de aprehensión pendientes, el primer lugar lo obtuvo el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el cual concentra 3.995 causas de este tipo (ver ranking). Le siguen el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con 2.952 casos y el Juzgado de Garantía de Calama con 2.815.

El senador Felipe Harboe califica la información entregada por el Poder Judicial como "grave", enfatizando que hay 66 mil casos en que "los jueces de la república consideran indispensable que las personas comparezcan para poder administrar justicia y no se está cumpliendo".

Para el parlamentario, estas cifras demuestran que  el sistema no está funcionando", y pone en riesgo la seguridad de las personas, especialmente de quienes  han sido denunciantes de imputados investigados por delitos graves.

Otras consecuencias que genera este problema, según Harboe, es que afecta la eficacia de la acción de la justicia, además de producir una sensación de desprotección del sistema. "Muchas veces se reclama a los jueces de que no administran la justicia de manera oportuna y ellos no pueden hacerlo si es que las policías no cumplen las órdenes de detención (...) se les crítica  por la lentitud o por los sobreseimientos, (pero ) qué más van a poder hacer si es que las órdenes que ellos emanan como elemento fundamental para desarrollar su investigación y lograr condena, no se cumplen", señala.

De esta forma, el presidente de la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia del Senado, estima que se debería realizar una reunión urgente entre las policías, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, a fin de crear un sistema de seguimiento informático de estas órdenes. También cree necesario que el Poder Judicial establezca un sistema de alerta cuando hayan transcurrido cierta cantidad de meses desde el despacho de una orden de este tipo sin resultados. Esto, con el objetivo de volver a insistir a las policías para que se cumplan con el dictamen judicial.

Versión de las policías

Consultado por estas cifras, el jefe de Asuntos Públicos de la PDI, subprefecto Christian Lucero, indica que "lo que informa el Poder Judicial, respecto a estas órdenes que aún están vigentes, se refiere a aquellos requerimientos que han sido materia de tramitación, en donde no se han ubicado las personas que son objeto de algún tipo de comparecencia".

Al respecto, Lucero explica que al no ser encontrada la persona en el domicilio que consigna la orden, ésta inmediatamente pasa a poblar la base de datos como una orden de detención pendiente.

Estas, indica el subprefecto, son "susceptibles de cumplirlas en la medida que la policía también realiza otro tipo de labor, ya sea a través de una acción policial focalizada, a través de un control de identidad o el control migratorio".

Agrega que la dificultad de estos casos se debe a que "estamos hablando de personas que están constantemente evadiendo el accionar de la justicia, dependiendo de la complejidad del delito, y que se mueven de un lugar a otro y hace difícil ubicarlas".

En tanto, desde Comunicaciones Sociales de Carabineros, sostienen que el 14 de diciembre de 2012 se creó la Subcomisaría de Ordenes Judiciales. Esta iniciativa se realizó con el objetivo de dar cumplimiento "de forma más expedita y precisa a los requerimientos que el Poder Judicial tiene con Carabineros. Por lo tanto, sería interesante ver las tasas desde esas fecha hasta hoy".

Según explican, solo en el año 2013 la institución diligenció 1.476.184 órdenes judiciales, es decir, un promedio de 6.150 por día. Al respecto de esa cifra, señalan que 286.078 correspondieron a órdenes de detención.

Consultados respecto a cuáles son las principales causas por las que la institución no ha podido dar cumplimiento a los requerimientos de los juzgados de garantía o de los tribunales orales, informaron que se debe a diversas razones. Entre ellas, mencionan que en ciertas ocasiones "los antecedentes remitidos a Carabineros son erróneos". Otras de las causas, explican, se debe a que "las órdenes no incorporan ningún tipo de antecedente requerido" y que "el domicilio indicado no corresponde". A estas razones, se suman situaciones en que "el requerido se encuentra fuera del país, ha fallecido o ha cambiado su domicilio, entre otras", señalan.