PDI incauta documentos del centro de Coanil indagado por maltratos

La Fiscalía Occidente y la PDI iniciaron las primeras diligencias en torno a la denuncia de presuntos maltratos a tres jóvenes quienes estaban al cuidado de funcionarios de la residencia Alihuén, dependiente de Coanil, en Buin.

La noche del viernes, cuando se conocieron los hechos a través de videos en que aparecían las víctimas amarradas boca abajo en una camilla portátil, el Ministerio Público decidió abrir la causa penal, que quedó en manos del fiscal jefe de San Bernardo, Gamal Massú.

Según se ha establecido, los tres afectados -entre los que se encuentra un adolescente de 17 años- tienen discapacidad cognitiva.

Ese mismo viernes, el persecutor y efectivos de la Brigada de DD.HH. de la PDI incautaron los libros de novedades y documentación de esta residencia.

Se determinó, además, que serían cinco los imputados por los presuntos maltratos en contra de los jóvenes: el director del centro, de iniciales G.I.R.R., el terapeuta ocupacional (I.R.R.), la psicóloga (N.B.G.G.), la asistente social (D.A.V.V.), y un educador de trato directo, a quienes se les citó a declarar. El miércoles 3 de mayo estas personas habían sido desvinculadas del centro por orden del Juzgado de Familia de Buin.

Massú indicó que optó por la Brigada de DD.HH. de la policía civil porque "he tenido otros casos donde he trabajado con la misma unidad y sé cómo funcionan en este tipo de casos".

El persecutor aclaró también que "las penas que se arriesgan por este tipo de delito podrían llegar a la pena de crimen, que es una de presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, sobre cinco años y un día".

En esta causa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló contra la dirección de la residencia Alihuén.

Coanil, en tanto, explicó que las imágenes difundidas "carecen de contexto" y que se siguieron los protocolos de contenciones.

El tribunal de familia dispuso que la residencia fuera administrada provisionalmente por el Sename. Esto reabrió el debate por el rol que ha tenido el organismo en el cuidado de este tipo de hogares. El gobierno, a través de su vocera, Paula Narváez, destacó la intervención. "Nos parecen hechos de la máxima gravedad. Es por eso que el Sename tomó cartas en el asunto de forma inmediata", dijo la ministra.

Por otro lado, la diputada Marcela Sabat (RN) aseguró que citará a la directora nacional, Solange Huerta, a la Comisión de Familia de la Cámara. "Solicitaremos también a la Contraloría que instruya un sumario a la Dirección Nacional del Sename, para que dé conocimiento sobre los procedimientos que se están teniendo sobre denuncias y la obligatoriedad que le cabe en ello", agregó.

Daniela Allende, vecina del centro, relató que de forma habitual hay incidentes en la residencia. El último fue en la noche del sábado,cuando hubo un amago de incendio originado por los residentes.