El gobierno propuso una iniciativa legal que introduce modificaciones al marco regulatorio que rige a las aguas con la finalidad de aumentar las sanciones por extracciones no autorizadas, fortalecer las potestades fiscalizadoras y sancionatorias del Estado y mejorar la información sobre recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas.
El Mensaje recuerda que el actual régimen jurídico de las aguas continentales en Chile está establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, el Código de Aguas, el Código Civil y en los artículos 459, 460 y 461 del Código Penal.
Agrega que, a pesar de la existencia de figuras penales específicas relacionadas con la extracción no autorizada de aguas y de los esfuerzos de la autoridad para aumentar la fiscalización de dichas extracciones, existe un amplio consenso de los especialistas en orden a que estas medidas no han resultado eficaces en la reducción de este tipo de ilícitos.
Precisa que la multa de hasta un máximo de 20 unidades tributarias mensuales establecida en el Código de Aguas para toda infracción que no esté especialmente sancionada, realmente no tiene un efecto disuasivo a raíz su escaso monto.
Asimismo, advierte que si bien el Código de Aguas contempla algunas normas que permiten a la autoridad exigir la entrega de información relacionada con extracciones de agua y transferencias de derechos de aprovechamiento, dichas normas han resultado insuficientes e ineficaces para la obtención de información sobre los recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas.
Tras el diagnóstico descrito, el Ejecutivo presenta este proyecto de ley con los objetivos declarados de aumentar la efectividad y cobertura de las sanciones establecidas en el Código Penal por el delito de usurpación de aguas y dotar a la Dirección General de Aguas de herramientas que le permitan contar con la información necesaria para una adecuada administración de los recursos hídricos y lograr distribución óptima de los derechos de aprovechamiento de aguas.
El proyecto de ley fue ingresado por el gobierno ante la Cámara de Diputados el 18 de enero pasado y está radicado para su estudio en la Comisión de Obras Públicas.
