"La condena es terriblemente dañina para las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Significa un retroceso en cuanto a la investigación de crímenes y violaciones de los derechos humanos". Así reaccionó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, a la condena contra el juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación en el caso de escuchas telefónicas ilegales en España.
Según Lira, el juez Garzón -que en 1998 ordenó la detención del ex general Augusto Pinochet- "demostró su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia no sólo en España, sino también en Chile", y recordó que "gracias a su trabajo, logramos que Pinochet fuera detenido y privado de libertad durante 500 días".
Como juez de la Audiencia Nacional, Garzón logró la detención en Londres de Pinochet, de 82 años entonces, que había sido operado de una hernia inguinal.
Garzón había solicitado una autorización vía Interpol para interrogar a Pinochet, a quien acusaba de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en base a las denuncias de familiares de españoles desaparecidos en Chile. Pero tras 500 días de arresto domiciliario, Pinochet fue liberado por razones de salud, y retornó a Chile.
