Cubanos buscan casa

Después de pasar apenas dos semanas en esta isla, algunos osados visitantes concluyen que entre las tradiciones de los cubanos está la de convivir varias generaciones bajo el mismo techo. Desmintiendo ese estereotipo, un joven amigo vino a verme un día para contarme que debía elegir entre envenenar a la abuela o irse en una balsa hacia Florida. Quería pedirme un consejo, porque hace dos años llevó a su novia a compartir, junto a él y a sus padres, la pequeña casa de dos dormitorios donde también vivía la abuela. La octogenaria, que gozaba de salud perfecta, ocupaba la habitación más espaciosa y ventilada. Sus padres llevaban 27 años en el cuarto más pequeño y él, desde los nueve, fue ubicado en un rincón de la sala. "Mi novia está embarazada -me dijo, más compungido que entusiasmado- y la vieja no tiene intención de pasar a mejor vida". La muchacha es católica y no quiere oír hablar de un aborto. Le propuse tratar de persuadir a la dulce abuelita para que cediera su espacio, una suerte de "permuta interna", que llevaría a la dueña de la casa al oscuro rincón donde mi amigo practica el amor en voz baja. Se marchó murmurando algo que no pude comprender.

Las fachadas vetustas, los balcones a punto de caer, la gente que se desborda por los pasillos que veo en La Habana me dan las mismas señales: la carencia o la estrechez de un techo marca nuestra cotidianidad. Entre los muchos problemas que aquejan a los cubanos (además de "el problema" propiamente dicho), la escasez de viviendas ocupa un lugar primordial. Antes del triunfo revolucionario de 1959, el asunto se manejaba como en otros países. Las inmobiliarias construían mansiones para los más ricos, confortables chalets y espaciosos apartamentos para los diferentes estamentos de la clase media y tugurios para los pobres. El resto, eran las villas miseria, que amenazaban con extenderse en la periferia de las ciudades.

El afán justiciero de nuestro socialismo tropical ensayó varios métodos para proporcionar una vivienda digna a cada familia. Una de las primeras leyes revolucionarias impuso una rebaja del 50% a los alquileres y en 1962 se hizo la Reforma Urbana, confiscando las casas de los propietarios que rentaban a otras personas. En esos primeros años se erigieron repartos financiados por un sistema de lotería y entre 1970 y finales de los 90 prevaleció el concepto de "microbrigadas", bajo el cual el estado asignaba un terreno y recursos a un centro laboral cuyos trabajadores se convertían en constructores, para luego distribuir las viviendas, teniendo en cuenta los méritos sociales de los necesitados. El feliz beneficiado sólo pagaba 10% de su salario como alquiler, con indepen- dencia de la ubicación y el tamaño de la casa asignada. Yo mismo podría abundar mucho en ese tema, pues vivo en un edificio de 14 pisos modelo yugoslavo, donde pasé casi un lustro como microbrigadista, pero contarles ese experimento inmobiliario me llevaría un libro.

A partir de 1985, el gobierno determinó que los usufructuarios pasarían a ser propietarios, liquidando el precio de su vivienda, que se calculaba multiplicando lo pagado como alquiler en un mes por los 240 meses que hay en 20 años. Fue justamente en ese momento cuando mi nombre quedó impreso en un título de posesión del inmueble que había construido con mis propias manos. La alegría me duró poco, hasta comprobar que no se permitía vender la propiedad a otro particular. Las permutas, bajo estrictas medidas de control establecidas por el Instituto de la Vivienda, quedaban como la única forma para mudarse de una dirección a otra. Entonces, se estableció un sistema subterráneo de compraventa, enmascarado en permutas o cubierto bajo falsos matrimonios y testamentos arreglados. 

Con el derrumbe del socialismo en Europa del Este, la fabricación de edificios multifamiliares se redujo dramáticamente, mientras la falta de mantenimiento agudizaba el deterioro en el fondo habitacional. En ese tiempo se evidenció que el Estado no estaba en condiciones de construir todas las viviendas que pretendía distribuir a un precio subvencionado, pero tampoco quería aceptar, por motivos estrictamente políticos, la propuesta de aplicar las reglas del mercado, que a la larga pondrían de relieve unas diferencias sociales ideológicamente inaceptables.

En medio de eso surge la figura del "permutero", una especie de agente inmobiliario ilegal, que atesora información sobre lo que la gente ofrece y necesita. Este personaje de la fauna del socialismo cubano merodea por ciertos parques de la ciudad -como el del Prado, todos los sábados-, donde de manera espontánea los necesitados acuden a de- mandar o a ofertar. Siempre dice conocer a un abogado que hará pasar la operación ilícita como legal y que tiene acceso a cuños, firmas y membretes, ingredientes infaltables de toda burocracia. Su complemento son los permutadores, personas con deseos de prosperar, quienes empezaron habitando un cuarto con barbacoa -dividido en su espacio vertical, pues consiste en una habitación usualmente sin ventanas y construida a la altura del techo- y que en virtud de innumerables cambios "dando algo de dinero por arriba" (que realmente es "por abajo"), tienen hoy una casa independiente en un barrio decente con jardín y muro perimetral.

LA PROMESA
Uno de los acuerdos más sorprendentes del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, realizado en abril de este año, fue anunciar que se permitiría la compraventa de casas y se flexibilizarían los trámites de permuta, pero la aplicación en la práctica de esta decisión ha sido lenta y tortuosa. Muchos creímos que en la sesión de agosto del Parlamento se legislaría sobre el tema, pero no fue así. Sin embargo, se han filtrado algunos detalles, entre ellos, que nadie podrá ser propietario de más de una vivienda y que en las permutas se aceptarán las compensaciones monetarias cuando la diferencia entre las casas intercambiadas lo requiera. También se sabe que habrá que pagar un impuesto, tanto por comprar como por vender, pero sigue siendo un misterio cuáles serán las cuantías o los porcentajes.

Una de las mayores incógnitas se refiere al tema de quienes abandonan el país. En Cuba existen singulares leyes migratorias (que también serán modificadas, según un anuncio reciente), donde se establece el concepto de "salida definitiva" para aquellos ciudadanos que hayan obtenido la residencia en otro país o que permanezcan más de 10 meses fuera del territorio nacional. Hasta el momento, a esas personas se les confiscan sus propiedades: vivienda, vehículos, artículos electrodomésticos y, en rigor, hasta los muebles y la vajilla. Esta penalización, vigente desde 1960, ha sido endurecida a lo largo de los años. Cuando los convivientes del propietario se quedan en la isla, sólo tienen derecho a ocupar el inmueble si llevan 10 años o más residiendo allí legalmente y tienen que pagar al Estado el precio íntegro de la vivienda, aun cuando el propietario saliente ya lo hubiera liquidado.

Según se ha informado, a partir de que se pongan en vigor las nuevas leyes, los convivientes que queden en el país sólo tendrán que certificar cinco años de residencia en la casa y no tendrán que pagarla si el dueño ya lo había hecho.

¿Podremos vender nuestra casa y salir inmediatamente -de forma definitiva- del país? ¿Cuántos años habrá que esperar, si no fuera así, entre la venta y el inicio del papeleo migratorio? Decenas de miles de cubanos no se han marchado para siempre, por carecer de los recursos financieros para emprender esa aventura. Si se permitiera "vender y partir de inmediato" entraría en el mercado un número sustancial de viviendas, lo cual abarataría los precios. Hasta algunos de mis colegas de microbrigada, que levantaron su propio apartamento hace ya 26 años, optarían por comercializarlo para financiarse la emigración.