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Actualizado el 11/11/2016
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Presidenta Bachelet promulga ley que tipifica delitos de tortura

Autor: Marié Scarpa

La medida sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes incluye penas que llegan hasta los 10 años de presidio. Asimismo, se hace una distinción específica en actos vejatorios hacia las mujeres.

Presidenta Bachelet promulga ley que tipifica delitos de tortura
Foto: @presidencia_cl

Este viernes, la presidenta Michelle Bachelet promulga la ley que tipifica delitos de tortura, con el fin de fortalecer la investigación de los casos, las sanciones para los responsables y el amparo de las víctimas de este tipo de crímenes.

Este nuevo cuerpo legal establece una pena que puede llegar a 10 años de presidio para la tortura cometida por un empleado público o por particulares en funciones públicas, o instigados o con consentimiento de un empleado público”, indica la autoridad.

En caso de que se trate “de apremios ilegítimos o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no califiquen como torturas, las penas pueden llegar a 5 años de presidio“, agrega Bachelet.

Asimismo, la Mandaria señala que “si en conexión con la tortura se producen otros delitos, como homicidio o violación, la ley entonces en esos casos establece penas más graves, las que pueden llegar hasta el presidio perpetuo calificado“.

La nueva norma abarca las tres dimensiones de la tortura en lo físico, psicológico y en la violencia sexual.

Siendo la última una agresión “que es invisibilizada cuando las víctimas son mujeres y se le considera un delito menor”, la Presidenta anuncia que dentro de la ley se hace una distinción específica para estos delitos contra el género femenino.

Como ejemplo de lo anterior, la autoridad se refiere al caso de Lorenza Cayuhan, comunera mapuche que denunció una situación humillante en el proceso de su parto.

Con la iniciativa, “Chile se ha comprometido a liderar la iniciativa contra la tortura”, asegura Bachelet, quien también comunica que el gobierno está trabajando para presentar el proyecto de ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, que estará alojado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

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