Presunta estafa de dueña de jardines infantiles alcanza los $ 40 millones

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Carla Barrios (38), quien dirigía dos recintos en Las Condes, quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional. Según la fiscalía, vendió cheques de los apoderados a empresa de factoring. Era buscada desde noviembre.




El miércoles por la noche, Carla Barrios, dueña de los jardines infantiles Aleli, en la comuna de Las Condes, fue detenida por personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Ella, en cuyos establecimientos estuvieron hijos de deportistas y presentadores de televisión, habría cometido reiterados delitos de estafa y apropiación indebida, por cifras que alcanzarían los $ 40 millones.

Así lo indicó la Fiscalía Oriente, en la formalización de la imputada. En dicha audiencia, la magistrada Andrea Osorio, del Cuarto Juzgado de Garantía, decretó su arresto domiciliario total y arraigo nacional.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, fue el año escolar 2016 que se comenzó a sospechar de un mal manejo administrativo en los recintos ubicados en las calles Los Militares y Oslo.

Es por esto que un grupo de parvularias dejó sus trabajos. Pronto se empezó a difundir el rumor entre los padres de que algo no estaba funcionando. "Los apoderados denunciaron que se comenzaron a percatar de que las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento, más las laborales de las parvularias, iban decayendo", explicó el fiscal de Las Condes, Roberto Contreras.

Luego detalló cómo funcionaba el engaño: "Les dilató la devolución de los cheques. En definitiva, presentó (los cheques) en una empresa de factoring y obtuvo el dinero de manera inmediata. Una vez obtenidos los fondos, se habría fugado, cerrando el establecimiento".

El abogado querellante, Rodrigo Cabrera, dijo que "esos documentos, que no fueron devueltos, fueron factorizados. Entonces hay empresas cobrándolos". El representa a una de las víctimas a la que no le retornaron 10 documentos, por un total de $ 1.700.000.

Según la investigación del Ministerio Público, el paradero de Barrios era desconocido desde noviembre hasta la semana pasada, cuando uno de los 12 perjudicados reveló un antecedente clave para dar con la mujer.

"Hay muchos antecedentes que están pendientes de esclarecerse. Los cheques que dieron relación a las estafas no fueron cobrados, dieron orden de no pago", señaló la defensora de la imputada, Patricia Alvarado.

Demandas

Estefanía Pérez es parvularia y llegó a trabajar a uno de los jardines infantiles Aleli en diciembre de 2014. Los primeros meses, dice, fueron normales, pero en el segundo semestre de 2015 quedó embarazada y allí descubrió que Barrios no le pagaba las imposiciones. "No pude cobrar la licencia de mi pre y posnatal. Y quedé con una laguna de cotizaciones desde marzo de ese año hasta la fecha", explicó.

Pérez aseguró que demandó a Barrios por el no pago de sueldos, cotizaciones y vacaciones, acción judicial que ganó y que la imputada prometió pagar en un acuerdo ante notario, pero no lo habría hecho. Hoy Barrios tiene al menos cinco demandas de ex funcionarias. "A veces los papás querían sacar a los niños del jardín y ella retenía los cheques igual", agregó Pérez, quien afirma que la principal justificación de Barrios para no pagar los sueldos era que los apoderados no habían pagado el año.

"Los proceso de cobros de las empresas de factoring serían de 12 apoderados. Sin perjuicio de ello, según la información que ha entregado la Bridec, esto puede ascender", añadió el fiscal.

Dijo también que no descarta que el monto inicial alcance una cifra superior, que, según trascendió, sería de $ 170 millones.

Antes de que se desatara el presunto fraude contra los apoderados, en 2014 la bailarina Maura Rivera y el futbolista Mark González tenían a uno de sus hijos matriculado en dicho lugar.

Si bien Rivera señala que no tuvo problemas con la devolución de su dinero, reconoce que "fue una súper mala experiencia. Ella es una persona que no tiene vocación para ser dueña de un jardín infantil".

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