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Actualizado el 12/08/2017
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Previsión: reforma con sello estatista

Autor: La Tercera

Aumentar el ahorro para la vejez parece ineludible, pero no requiere afectar la institucionalidad laboral y previsional.

La presidenta Bachelet firmó tres proyectos de ley relativos al sistema previsional: uno que crea el Nuevo Ahorro Colectivo, otro para establecer un Consejo de Ahorro Colectivo, que gestione los recursos del Nuevo Ahorro Colectivo, y otro que afecta aspectos técnicos de la gestión de las AFP. En el proyecto de Nuevo Ahorro Colectivo se considera un aumento paulatino de 5% en la tasa de cotización para financiar las pensiones de vejez, lo que es un ajuste en el sentido correcto. Pero también se ratifica el peso de pulsiones ideológicas tras la propuesta, imponiendo un dañino impuesto al trabajo de 2% del ingreso imponible, y la obligación de entregar otro 3% para administración estatal bajo la dirección del Consejo de Ahorro Colectivo.

El aumento de cotizaciones es positivo por dos razones fundamentales: se ha alargado la expectativa de vida de los chilenos, y con ella los años de jubilación, y las tasas de interés podrían permanecer bajas por muchos años. Ambos elementos hacen necesario ahorrar más para sustentar una misma pensión.

Pero junto a esto, la propuesta incorpora elementos muy negativos. El primero es la determinación de desviar 2% de ese 5% de cotización adicional a un fondo que beneficiará a personas distintas del aportante, lo que lo transforma en un impuesto al trabajo, inconveniente desde el punto de vista de la eficiencia del mercado del trabajo y en términos de equidad. Ese 2% es una extracción de ingresos sin contrapartida para quien la efectúa, y estimula grados adicionales de informalidad. Desde el punto de vista de la equidad, el 2% afecta en mayor proporción a sectores menos pudientes, debido a los topes al ingreso laboral sujeto a esta extracción.

La segunda falla es la decisión de administrar estos recursos a través de una nueva entidad estatal, enteramente innecesaria, pues las AFP podrían manejar el mismo problema sin cargar comisiones adicionales a las que actualmente aplican. Más aun, es validar una mirada negativa sobre el funcionamiento de las AFP, para preferir una entidad estatal, cuando sobran ejemplos, sin ir más lejos que el período de este gobierno, de las graves limitaciones que éstas tienen para administrar con mínima eficiencia, sin discriminaciones y sin faltas a la probidad.

Es lamentable que el perfilamiento más nítido de una izquierda con afanes refundacionales, que posiblemente siempre existió, pero morigerada por otras corrientes de izquierda en el contexto del sistema electoral binominal, siga siendo interpretado por la Nueva Mayoría como un apoyo extendido a las reformas que satisfacen a esa izquierda más extrema, a costa del crecimiento. Esta lectura, que no refleja las preferencias de la población según variados indicadores, ya llevó al oficialismo a una reforma que dañó profundamente el mercado laboral con la nueva regulación de la negociación colectiva. Ahora va a introducir impuestos al trabajo, y va a atentar contra la mayor modernización del Estado en los últimos 35 años, la creación del sistema de AFP, que introdujo limpieza y eficiencia en la gestión del ahorro para la vejez, tras desplazar un sistema caracterizado por ineficiencia, cuentas opacas, arbitrariedades y graves discriminaciones en los beneficios.

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