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Correos de los Lectores
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Actualizado el 13/09/2017
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Proyecto contra la incitación a la violencia

Señor director

El proyecto de ley enviado por la Presidenta contra la incitación a la violencia plantea preocupaciones y reparos importantes desde el punto de vista constitucional.

Primero, es contradictorio que el sector político que cuestionó en los años ‘80 el principio de “pluralismo limitado” que contenía el texto constitucional original, ahora busque el castigo penal de expresiones que considera extremas. Recordemos que la Reforma Constitucional de 1989 eliminó tal concepto, por lo que proteger solo las ideas “de corriente principal” sería contrario a la Constitución. La libertad de expresión en un estado democrático pluralista no se limita a proteger la opinión de la mayoría, sino que se nutre también de discursos extremos, incluso de los que parezcan ofensivos. Ellos, o bien cuestionan ciertas ideas asentadas, o permiten a quienes les repugnen ejercer un contra-discurso.

Es cierto que en algunas democracias europeas que acogieron la idea del pluralismo limitado -que Chile eliminó en 1989- castigan discursos que se consideran odiosos por el eventual peligro que representan. Pero en otras sociedades, como Estados Unidos, el discurso de odio cuenta con protección constitucional y solo se castigan las expresiones que de modo inminente y no solo directo inciten a la violencia. Pero ni en tales casos establecen medidas que limitan la libertad de prensa. Con el proyecto, si un medio recoge los dichos de personas o agrupaciones (fuentes periodísticas) sobre asuntos de interés público -por ejemplo, visiones relativas a la familia, la vida o la religión-no podría publicar tales declaraciones, pero sí los dichos de quienes se oponen a ellas. La definición de lo “odioso” del discurso altamente ambiguo y conlleva otra discriminación.

El verdadero pluralismo que robustece la democracia es el que permite la circulación de ideas y nos entrega a los ciudadanos -no a los jueces ni a las mayorías transitorias-la opción de recibirlos y reflexionar sobre sus implicancias.

Sebastián Zárate

Doctor en Derecho e investigador doctoral Facultad de Comunicaciones, Universidad de Florida, EE.UU.

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