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Actualizado el 07/11/2017
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Reglamento campos clínicos: Contraloría pide a Salud informar sobre supuesta “discriminación” en norma

Autor: Lorena Leiva y Paula Riquelme

Se trata del reglamento elaborado por el Minsal y que plantea nuevas condiciones para la entrega de hospitales y consultorios a las universidades que imparten carreras de medicina. Texto está siendo visado por el órgano contralor y fue impugnado por instituciones de educación.

Reglamento campos clínicos: Contraloría pide a Salud informar sobre supuesta “discriminación” en norma
Frontis del edificio de la Contraloría General de la República.

Al menos cinco universidades privadas, además del Consejo de Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) acreditados, han acudido hasta la Contraloría General de la República para que ésta revise la nueva norma técnica de Relación Asistencial Docente y de Asignación de Campo Clínico elaborada por el Ministerio de Salud (Minsal).

Se trata del reglamento elaborado por el Minsal y que plantea nuevas condiciones para la entrega de hospitales y consultorios a las universidades que imparten carreras de medicina y que está siendo visado para su toma de razón en la Contraloría.

Las instituciones educacionales acusan discriminación y desventajas en dicha norma, relacionadas principalmente con la asignación de puntaje por adscripción a la gratuidad de la educación y la presencia en regiones de las mismas.

Tras esa petición, la Contraloría solicitó al Minsal “informar a este organismo el tenor de lo expuesto por los recurrentes”, además de pedirles que dicho informe sea “preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad”, donde adicionalmente se deben remitir todos los antecedentes.

La subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal, Gisela Alarcón, explicó que la Contraloría “nos ha pedido aclarar algunas informaciones y eso es lo que estamos haciendo”. Agregó que “nos han hecho preguntas y las estamos aclarando en este minuto. Entendemos que hay algunas universidades que han impugnado o han pretendido impugnar la norma de campos clínicos o de la situación docente en gratuidad y territorialidad, pero para nosotros la gratuidad es fundamental, en la medida que la educación sea un derecho, también la salud, con mayor facilidad, va a poder ser un derecho en nuestro país”, dijo.

El decano de Medicina de la Universidad del Desarrollo, Ricardo Ronco, explicó que en su caso, “se le pidió a la Contraloría que revisara la legalidad del documento, y el argumento de fondo es que la gratuidad no es una ley sino una glosa presupuestaria y es voluntaria”.

Agregó que en la norma se establece que se otorgará mayor puntaje aquellos planteles que adscriban a la gratuidad y eso “puede dejar a centros formadores en menoscabo frente a otros solo por el hecho de adscribir a algo que es voluntario”, indicó.

En la misma línea, el decano de Medicina de la Universidad San Sebastián, Luis Castillo, manifestó que “se presentó la visión de la universidad, fundamentalmente, enfocada en que la gratuidad funciona como un elemento discriminador respecto del acceso y puntuación para acceder a un campo clínico”.

Por su parte, Patricia Nova, directora ejecutiva de Vertebral, sociedad que agrupa a los IP y CFT acreditados, explicó que junto con impugnar el tema de la gratuidad en los mismos términos que las universidades, lo más “importante y fuerte” es que desde un principio los IP y CFT parten en desventaja respecto de las universidades, ya que en la postulación se adquiere más puntaje en la medida en que se tenga los mayores niveles de acreditación académica, y en este último punto hay dos áreas de las cinco que existen, que no existen en institutos profesionales.

“Las universidades pueden acreditarse en cinco áreas que incluyen investigación y postgrado, aspectos que no corren para los institutos profesionales. Nosotros, por ley, no podemos dar postgrado”, explicó.

Agregó que “pedimos poder competir en igualdad de oportunidades con las universidades y que la norma considere las particularidades que tiene las instituciones de carreras técnico profesionales”.

El Minsal tendrá 10 días para responder la solicitud de Contraloría desde la petición que se realizó el pasado 25 de octubre.

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