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Actualizado el 19/06/2017
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Rol de universidades estatales

Autor: La Tercera

UNA DE las novedades que contiene el proyecto de ley de universidades estatales es la idea de coordinar el trabajo de las instituciones estatales. Tal labor será apoyada por un consejo presidido por el ministro de Educación, tendrá carácter consultivo y será integrado por los rectores y otras autoridades de gobierno. Si bien parece razonable coordinar la labor de las instituciones de educación superior estatales, sería equivocado suponer que si actualmente dicha coordinación no existe, sea atribuible a la ausencia de este consejo. La orientación que subyace a esta medida, aunque en apariencia inocua, puede tener importantes implicancias.

Por de pronto, muchos de los aspectos que la ley desea incentivar, como trabajo interdisciplinario, movilidad académica y estudiantil, además del traspaso de buenas prácticas, no tienen necesidad de ser coordinados por el Mineduc. La realidad muestra que la coordinación sí se ha dado en ciertas áreas, y si dicha ligazón entre instituciones no ha sido más profunda es porque inevitablemente choca con proyectos que tienen especificidades y orientaciones distintas, como también al hecho de que las instituciones estatales -en Chile y en el resto del mundo- compiten por académicos, alumnos y recursos.

Pretender desconocer dicha competencia no es trivial, ya que tiene implicancias en el resto del sistema de educación superior. Por un lado, invisibiliza el rol del resto de las instituciones de educación superior no estatales. Por otro, sorprende que se establezca que la colaboración entre instituciones tiene entre sus objetivos “propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica”, lo que resta autonomía a las instituciones estatales. Tampoco se podría ignorar que cuando se sugiere que las universidades del Estado tengan un tratamiento especial para trabajar con éste en el diseño de políticas públicas y programas culturales, sociales y científicos, se podría generar otro bolsón de recursos que se distribuirán según la condición jurídica de la institución en lugar de la calidad de éstas.

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