Secretario ejecutivo de reforma educacional: "Sostenedores deberán explicitar más sus proyectos educativos para evitar problemas"

A semanas de que la ley de inclusión se promulgue, el Mineduc trabaja en los 25 reglamentos que establecerán el modo en que operará la norma. Según el secretario de la reforma, Andrés Palma, con este cambio los sostenedores tendrán que precisar los proyectos educativos de sus colegios y aseguró que habrá flexibilidad en la fiscalización durante los primeros años.

¿Se han reunido con los sostenedores?

Sí, continuamente después del despacho de la ley a fines de enero, con el objetivo de ir entregando información e ir aclarando las dudas. Muchos sostenedores se nos han acercado a consultar respecto a los alcances de la ley. Y compartimos su análisis: Hay mucha información distorsionada sobre los alcances de la ley y por ello estamos preparando, para apenas se publique la ley, enviar una información directa a cada uno de los sostenedores y a cada uno de los directores de establecimientos, con contenidos de la ley y con preguntas y respuestas.

¿Y eso va ser como una campaña comunicacional o va a ser directa a los colegios?

Va ser una campaña comunicacional, pero focalizada. Los sostenedores con el ministerio tienen una relación permanente a través del sistema informático, entonces vamos a usar ese sistema para comunicarnos directamente con ellos. Ahora, nosotros estamos prestando asesorías con un equipo de abogados, centrado en la oficina de ayuda del Mineduc, quienes prestan ayudas gratuitas a los sostenedores que tengan dudas y que quieran consultar, y eso opera a través de la mesa de ayuda del Mineduc. Y cuando se publique la ley, esperamos extender ese equipo a cada una de las secretarías ministeriales

¿Y eso tiene un costo adicional a la reforma?

Es un costo muy bajo, son costos que vienen en los presupuestos de la Subsecretaría de Educación.

¿Cuántas consultas de sostenedores han recibido ya?

En este último mes hemos recibido cerca de 250 consultas de sostenedores, por ejemplo.

Y cuando se ha reunido con la Fide o la Iglesia. ¿Qué le solicitan ellos? ¿Les han pedido flexibilidad en los reglamentos?

La principal petición es de flexibilidad respecto de la actitud o el estilo de trabajo de la Superintendencia de Educación. O sea, en el fondo, que la fiscalización sea flexible, no tanto los reglamentos, si no que las fiscalizaciones entiendan que este es un proceso que es una transición, que va a traer cambios y que por lo tanto se pueden cometer errores durante el proceso  de puesta en marcha. Y nosotros lo que hemos respondido es que eso está contemplado en el proyecto de ley, porque dice que durante cinco años se pueden hacer consultas a la Superintendencia para ver si las rendiciones están bien, para ver si las imputaciones de recursos corresponden, a cada uno de los fines educativos que establecen.

La red de colegios SIP asegura que ellos compraron casilleros y los dineros fueron objetados. ¿La idea es ser más flexible en la transición?

Ellos me plantearon el ejemplo, que es una multa que le pasaron en el gobierno anterior. Pero eso no tiene que ver con este proyecto, si no que con la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Pero los fines educativos, al igual que la SEP, amarran los dineros de la subvención 

Claro, y por eso estamos trabajando con la Superintendencia en la materia de reglamentación de los fines educativos, en la lógica de que los criterios con los que se fiscalice a futuro cuando entre en vigencia el primero de marzo del próximo año, los fines educativos, el criterio quede plasmado en la reglamentación y se recoja el espíritu de la legislación al respecto, y no se quede en mero formalismo. Hay un cambio de orientación del tipo de fiscalización, porque si queremos calidad en la educación, lo que debemos fiscalizar es que se entregue calidad en la educación, también haciendo buen uso de los recursos, evidentemente. Ahora, el proyecto de inclusión incluye dos cuestiones que para los sostenedores tendrá que ser más relevante, porque la ley dice que los recursos se pueden usar en cualquier cuestión, en cualquier actividad que ayude al desarrollo o cumplimiento del proyecto educativo. Entonces el proyecto educativo tendrá que ser mucho más explícito de lo que es hasta el día de hoy, porque ahí es donde se va a jugar el tema del uso de los recursos. Entonces, en el fondo, hay una tarea más que en la perspectiva de la fiscalización, el proyecto estimula a que haya un mejor desarrollo de los proyectos educativos, y en la SEP de los planes de mejoramiento educativo.

Entonces en esa lógica, ¿los colegios van a tener que adecuar sus proyectos educativos y planes educativos?

En el caso de la SEP, el plan de mejoramiento educativo va a tener que ser más explícito si no quieren tener problemas de fiscalización, y lo mismo va a ocurrir con el proyecto educativo, porque si no se hace, entonces después se les puede objetar "oiga, esto no estaba dentro de su proyecto educativo", y queremos que los recursos se usen en los objetivos establecidos, por eso dejamos la libertad que cada establecimiento tenga su proyecto educativo.

¿El cambio tiene que ser visado por el Mineduc? 

No, tiene que ser comunicado al ministerio. Ahora, evidentemente si el ministerio encuentra algo en un proyecto educativo que es contrario a las disposiciones legales, lo tiene que observar, si alguien quiere hacer un proyecto educativo discriminador, el ministerio le tiene que decir que está contra la ley.

¿Hay alguna otra forma en que van ayudar a los sostenedores?

Los plazos son graduales, lo que pasa es que nosotros quisiéramos que se transformaran rápido, porque así el próximo año, más del 90% de los establecimientos, puede tener más recursos que este año. O sea, para recibir el aporte de gratuidad, y la SEP preferente, hay que ser sin fin de lucro, transformarse en gratuito y tener el convenio SEP. Más del 90% de los establecimientos que hoy día reciben subvención, el próximo año podrían tener más recursos disponibles que los que tienen por el copago poniendo los valores equivalentes. De los 11.300 establecimientos, sólo a unos 800 no les convendría, desde el punto de la disponibilidad de recursos para la educación, porque tienen copago alto y si pasan a gratuidad pierden recursos.

Esos 800 deberían esperar a que suba la subvención

Lo que pasa es que los que tienen un copago alto, no van a perder plata, pero el aporte de gratuidad y la subvención preferente no les remplaza lo que reciben de copago.

Sostenedores y sus asesores legales temen que la nueva ley se parezca a la SEP, en cuanto a fiscalización. 

La SEP se da por medio de un convenio sujeto ante el ministerio. Pero en el caso de los fines educativos, no hay dicho convenio. Por ejemplo, puede decir "que su proyecto educativo viene del año 1800" y quieren hacer algo determinado, bueno, pero desarrollen bien lo que va a ser en el proyecto para evitar que haya problemas de fiscalización.