Senado de EE.UU. exige a ex asesor de Trump entregar documentos de sus empresas por posible relación con Rusia

Michael Flynn
(FILES) This file photo taken on January 10, 2017 shows Lieutenant General Michael Flynn (ret.), National Security Advisor Designate speaks during a conference on the transition of the US Presidency from Barack Obama to Donald Trump at the US Institute...

La nueva petición se produce en respuesta a la decisión que anunciaron el lunes los abogados de Michael Flynn, de que este había decidido acogerse a las protecciones que entrega la Constitución para no entregar los documentos.




El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ordenó al general retirado Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del Presidente, Donald Trump, que entregue documentos sobre dos de sus negocios por su posible relación con Rusia.

El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano, Richard Burr, y su vicepresidente, el demócrata Mark Warner, anunciaron su nueva solicitud en una rueda de prensa.

Según inició Burr, la nueva petición de documentos se produce en respuesta a la decisión que anunciaron el lunes los abogados de Flynn, que fue asesor de seguridad nacional de Trump durante el primer mes del mandato del republicano hasta que se vio forzado a dimitir a mediados de febrero.

Los abogados del ex general anunciaron que Flynn había decidido acogerse a las protecciones que ofrece la Constitución para no entregar unos documentos solicitados por el Senado y considerados relevantes a la investigación sobre el intento ruso de influir en el resultado de las elecciones del pasado noviembre.

En concreto, los letrados dijeron que Flynn se acogería a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense que concede a cualquier individuo el derecho a no testificar si sus palabras pueden ser usadas para perjudicarle, es decir, para autoincriminarse de un delito.

En su notificación, los abogados de Flynn argumentaron que la petición de documentos que efectuó el Senado el 10 de mayo era demasiado amplia y, por eso, los datos podrían acabar siendo usados en contra de su cliente.

En respuesta, según dijo Burr, el Comité de Inteligencia decidió hacer dos peticiones muy "específicas" para obtener información sobre dos negocios de Flynn: Flynn Intel LLC y Flynn Intel Inc, dos compañías dos basadas en Alexandria (Virginia) y aparentemente destinadas a proveer servicios de inteligencia a nivel global.

Los líderes del Comité de Inteligencia también anunciaron que enviarán una carta a los abogados de Flynn para cuestionar su derecho a acogerse a la Quinta Enmienda, normalmente usada para proteger el derecho a no testificar y no para evitar la entrega de documentos, como en este caso.

"Hemos tomado medidas que consideramos apropiadas ahora. Si no hay una respuesta, buscaremos consejo adicional sobre cómo proceder", dijo Burr, quien apuntó que si Flynn se niega a colaborar de manera continuada con las investigaciones, existe la opción de acusarle de "desacato".

Flynn se vio obligado a dimitir por la crisis interna creada al haber ocultado información al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre sus contactos con el embajador ruso, Serguéi Kislyak, durante el período de transición.

El ex asesor de seguridad nacional es uno los más expuestos a la sospecha de que miembros de equipo de Trump pudieron coordinarse de algún modo con el Kremlin para dañar las opciones de elección de la candidata demócrata a la Presidencia, Hillary Clinton.

La semana pasada, medios estadounidenses revelaron información de inteligencia en la que señalaban que los rusos presumían en privado de poder influir en la Administración de Trump a través de Flynn.

En diciembre de 2015, Flynn viajó a Moscú para participar en el aniversario de la televisión rusa RT, por lo que recibió 45.000 dólares, algo que debería haber revelado debido a que, hasta 2014, fue director de la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Además, se investiga el pago de más de medio millón de dólares por parte del Ejecutivo turco para representar sus intereses en Washington, sin que el monto fuera declarado al Departamento de Justicia como exige la ley para actividades de cabildeo de gobiernos extranjeros.

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