Senado inicia votación de reforma educacional y gobierno pide orden al oficialismo

Hoy y mañana serán las sesiones donde se discutirán las indicaciones de la comisión unida.




Luego de 60 horas de sesiones, la comisión unida de Educación y Hacienda del Senado aprobó este sábado las indicaciones al proyecto que pone fin al lucro, copago y selección en la educación escolar subvencionada. La instancia debió enfrentar diversas enmiendas que tensionaron el debate. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo de mayoría que se discutirá hoy y mañana en la sala de la corporación.

El proyecto ingresado por el gobierno postula puntos claves para la reforma. No obstante, a través del proceso legislativo han surgido diversos cambios y matices. Esto ha generado disputas entre los bloques e incluso dentro de la misma Nueva Mayoría.

En este escenario, desde el gobierno se hizo ayer un llamado a cerrar apoyos en torno a la reforma. El ministro vocero de La Moneda, Alvaro Elizalde, dijo que "esperamos que el compromiso de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y de los sectores constructivos de la oposición, se exprese asistiendo a las sesiones donde se va a votar esta inciativa y, por cierto, votándolas de manera favorable".

INDICACIONES

Una de las aristas que más causó controversias en los últimos días es la que prohíbe la selección en colegios emblemáticos. Esta fue aprobada -con seis votos a favor y cuatro en contra- y determinó que este tipo de establecimientos tendrán que dejar de realizar procesos de admisión selectivos en cinco años. No obstante, se les permitirá reservar un 30% de la matrícula con alumnos de mejor rendimiento."Con esto se destruye un colegio como el Instituto Nacional, cuya creación le costó a Chile 200 años", advirtió el senador Andrés Allamand (RN).

Al respecto, el timonel del PC, Guillermo Teillier, señaló que "espero que haya avanzado tanto la reforma, que al mejorar la calidad, el ser colegio emblemático no sea tan importante".

Otro punto de debate fue la posibilidad de que colegios realicen entrevistas de admisión a los apoderados. Si bien esta era una indicación de la Alianza, el apoyo de parlamentarios democratacristianos permitió su aprobación.

El diputado Fidel Espinoza (PS)  calificó la acción de la DC como "lamentable, porque ese tipo de cosas van desnaturalizando el proyecto original y los logros de la Cámara". En respuesta a esto, Ignacio Walker (DC) dijo que "eso no es selección, es informarse sobre las características del proyecto".

Antes de llegar al Senado, la Cámara integró en el proyecto la prohibición de realizar pruebas de rendimiento y solicitar antecedentes académicos en colegios privados. Sin embargo, tras su paso por la comisión unida, esta indicación fue retrotraída.

Si bien algunos sectores oficialistas consideran insistir en el tema, desde la DC argumentan que al no haber recursos del Estado, no se justifica restringir el accionar de este tipo de establecimientos. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre dijo que el Estado "no tiene derecho" en este caso.

Sumado a estos cambios, se establecieron modificaciones relacionadas al fin del lucro. Así, se fijó que para diciembre del 2017, las entidades deberán transformarse en corporaciones. En la misma materia, se configuró un plan que permite un plazo adicional -de entre tres y seis años- para terminar con los arriendos de inmuebles.

Junto a estas modificaciones se integró el mecanismo de admisión que busca mejorar el proceso. De esta manera se postulará en los colegios, pero se hará una revisión en el Mineduc para asegurar que el mayor número de alumnos ingresen a los establecimientos que prefieran. También se añadió el recurso que le permite a la Superintendencia del ramo solicitar registros bancarios de instituciones que reciban aporte estatal. Además, se creó un fondo de $250 mil millones para fortalecer la educación pública entre 2016 y 2019, que fue aprobado por unanimidad.

De igual forma, la gradualidad que se quiere para la implementación generó dudas respecto a la región en donde debutará el plan de educación. Esto podría ser definido por la propia Presidenta Bachelet, a través de un Decreto con Fuerza de Ley.

Otra arista que genera tensión es la jerarquización de la ley. Si bien el bloque de gobierno pretende que se establezca como ley simple, desde la oposición buscan que se catalogue como Ley Orgánica Constitucional, lo que presentaría mayor exigencia de modificación una vez promulgada.

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