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Actualizado el 14/09/2017
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Sinceramiento en la Ley de Inclusión

Autor: La Tercera

Sería tiempo de reconocer que la exigencia a los sostenedores de convertirse en entidades sin fines de lucro es un error que amerita una corrección de fondo.

La Ley de Inclusión que terminó con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado ha sido un constante problema para el gobierno. Además de la desaprobación que dicha reforma luce en las encuestas, su implementación no ha sido fácil. La ley original tuvo que ser modificada a poco andar a través de otro cuerpo legal para ajustar su puesta en marcha. Sin embargo, a más de dos años de ser aprobada las dificultades persisten y, tal como dio a conocer este medio, la semana pasada representantes de los sostenedores se reunieron con las autoridades del Ministerio de Educación en donde se acordó establecer una mesa de negociaciones para -por segunda vez en menos de un año- modificar dicha ley. Ello en el contexto de que el próximo 31 de diciembre se cumple el plazo para que todos los sostenedores se conviertan en entidades sin fines de lucro si desean seguir recibiendo subvención del Estado.

La situación vuelve a mostrar lo inconveniente que fue la ley original al obligar a miles de colegios a pasar por un proceso de adecuación legal y de compra de infraestructura -se debe recordar que la ley prohíbe los arriendos- sin que ninguna de estas acciones vaya a desencadenar una mejora en la calidad de la educación. Al contrario, los sostenedores parecen preocupados de adecuarse a la regulación más que a mejorar los aprendizajes de sus alumnos y se frenó la inversión privada que era una fuente importante de recursos para alcanzar el nivel de gasto que muestran los países desarrollados.

En este contexto, y atendiendo a los gruesos errores que impregnan esta legislación, cabe preguntarse si conviene seguir extendiendo plazos y haciendo modificaciones legales para que los sostenedores puedan adecuarse a la normativa o en cambio vale sincerar que la reforma partió de un diagnóstico errado -aquel que demonizó el lucro- permitiendo que aquellos establecimientos que, por distintos motivos, aún no se hayan traspasado a una corporación o fundación puedan mantener su actual personalidad jurídica a cambio de una supervisión más estricta de la legalidad en el uso de los recursos por parte de la Superintendencia de Educación.

En educación los frutos de cualquier política pública deben ser medidos a largo plazo. Es por ello que dar estabilidad al sistema escolar es absolutamente necesario. Lamentablemente, luego de los consensos logrados durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet (Ley General de Educación) y bajo el mandato del Presidente Piñera (Sistema de Aseguramiento de la Calidad) no hubo oportunidad para permitir que estos acuerdos lograran exhibir sus frutos. En el caso de la regulación al lucro, en lugar de forzar los cambios que no han podido ser plenamente implementados, sería deseable poner pausa y buscar salidas menos traumáticas para los sostenedores y las familias de modo que ambos actores puedan enfocarse en lo realmente relevante: que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial.

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