Supremo: "No parece normal" apoyo del gobierno a Nabila en demanda ante CIDH

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La vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, dijo que le entregarán todo el respaldo a la mujer. Penalistas coincidieron en que un Estado no puede demandarse a sí mismo ante la corte.




"El apoyo que pueda darle el gobierno y el Estado de Chile a una demanda que es contra sí mismo, lo encuentro un poco extraño. No parece normal y habría que tratar de descubrir cuál es la falta que ha cometido el Estado en este procedimiento".

Así respondió el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, al anuncio de que La Moneda apoyará la presentación que Nabila Rifo hará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la rebaja de condena que recibió su agresor, Mauricio Ortega.

"Lo importante de esto es la autonomía de la propia Nabila. Si ha dicho que esa es su decisión, apoyaremos con toda la información y apoyo profesional que requiera", aseguró hoy la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez.

Y añadió: "Nosotros hemos acompañado el caso desde el primer momento y seguiremos acompañándola y entregándole toda la información posible".

Si bien el ministro Cisternas valoró el respaldo del gobierno a Nabila Rifo, insistió en que "no tengo recuerdos de un caso de este tipo en que el Estado apoye una demanda contra sí mismo".

Pero no solo el magistrado se refirió al espaldarazo anunciado desde La Moneda.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, calificó la medida como curiosa. "No sé bien qué pretenden demandar, porque el sistema interamericano de DD.HH. no funciona como una cuarta instancia", dijo el jurista, quien explicó que si la víctima no obtuvo la condena que quería, la CIDH no va a cambiar la decisión de la justicia chilena.

Además, agregó, en el caso de que se concrete la presentación de una demanda, ésta no llegará directamente a la corte, "sino que se presentará ante la Comisión Interamericana de DD.HH, que luego de una larga tramitación podría acorgerla y recién ahí decidir si la envía a instancias superiores, lo que puede tomar años".

Por otro lado, apuntó Duce, si es que el gobierno cree que "sería necesario repararlo, se podría hacer sin necesidad de ir a la CIDH, eso es lo que uno esperaría".

En tanto, la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Liliana Galdámez, dijo que las palabras de la ministra Narváez sonaban como algo más político que judicial.

"Entiendo esta declaración en el sentido de que el gobierno solidariza con Nabila Rifo, con la frustración que siente por la rebaja de la condena que benefició a su agresor. Y podría interpretarlo como que llegado el asunto a la Comisión Interamericana, el Estado se va a allanar a las peticiones de ella", comentó la abogada.

Sin embargo, advirtió "pero técnicamente el Estado es uno solo, hay poderes dentro de él, pero no podría autodenunciarse. Y creo que el sentido de esa declaración más bien hay que entenderla como que el Estado solidariza y comprende que aquí ha operado uno de sus poderes".

Asimismo, recalcó Galdámez, la Convención Americana de Derechos Humanos fija cuáles son las partes que pueden recurrir "y son las víctimas, las organizaciones, pero no el Estado".

Si hay alguien que tiene experiencia ante la CIDH, ese es Ciro Colombara. El abogado ha asesorado a chilenos en el extranjero que demandaron al Estado por negarles el derecho a voto y representa al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en un caso en favor del matrimonio igualitario.

"Cada año se presentan casi 2000 peticiones a la comisión y de ellas no más de 20 son llevadas anualmente a la Corte Interamericana", explicó el jurista.

Agregó que de centenares de casos presentados respecto del Estado de Chile, ha habido condena en menos de diez.

"Es decir, el Sistema Interamericano de DDHH es excepcional, es muy serio jurídicamente y es complejo. Por lo tanto, hay que distinguir las declaraciones políticas de apoyo a un caso o a una causa, de los analisis jurídicos acerca de la viabilidad de un caso", planteó Colombara, quien agregó que hay que distinguir al Gobierno de turno del Estado, que es quien actúa ante la justicia internacional. "No es serio apoyar en abstracto y sin un análisis profundo, una presentación ante el Sistema Interamericano antes siquiera de leerla. Y la eventual presentación de un caso hoy ante el sistema, deberá ser respondida por el próximo Gobierno y no por este", recalcó Colombara.

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