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Actualizado el 17/08/2017
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El TC ante la despenalización del aborto

Autor: La Tercera

La entidad debe ser capaz de abstraerse de la presión ambiente y dictar un fallo estrictamente en derecho, un hecho que validaría su rol.

El proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres causales -una iniciativa que forma parte de las promesas de campaña del actual gobierno- entra en su recta final, ya que se espera que mañana el Tribunal Constitucional (TC) resuelva los requerimientos que un grupo de parlamentarios de Chile Vamos presentó en contra de dicha iniciativa. En el intertanto han tenido lugar extensas jornadas de presentaciones de grupos a favor y en contra del proyecto, sumando más de un centenar de organizaciones inscritas, lo que además de constituir un hecho inédito, da cuenta del apasionado interés que el tema despierta en nuestra sociedad.

Los alcances de este proyecto son de especial importancia, pues más allá de que esta iniciativa haya adquirido ribetes de contienda política, o que también se haya utilizado como causa activista en favor de los derechos reproductivos de la mujer, la materia sobre la cual deberá pronunciarse el TC guarda relación con el nivel de protección que el derecho a la vida encuentra en nuestro ordenamiento constitucional, y específicamente si las tres causales planteadas en el proyecto son constitucionales conforme los umbrales que la carta magna ha establecido en cuanto al derecho a la vida del no nacido. Este alcance es relevante, porque aun cuando se trate de situaciones excepcionales, como recalcan los promotores de la despenalización, dicha excepcionalidad no puede ser pretexto para desentenderse de los principios y límites contenidos en la propia ley fundamental.

La tarea que recae sobre el Tribunal Constitucional no se advierte sencilla, no solo por la especial complejidad del tema, sino porque las presiones que se han dejado sentir sobre esta instancia para que falle en uno u otro sentido han alcanzado en algunos casos niveles insólitos; también se ha especulado sobre el resultado del requerimiento simplemente atendiendo a la supuesta orientación política de los integrantes del tribunal. Es relevante no dar pie a este tipo de cuestionamientos, lo cual se logra en la medida que los fallos sean en derecho.

No cabe duda de que una instancia como el TC juega un papel fundamental en nuestra institucionalidad, pues a éste se le ha conferido la tarea de interpretar el texto fundamental y procurar su supremacía en nuestro ordenamiento jurídico. Es en virtud de esa misión que se le ha conferido autonomía respecto del resto de los poderes del Estado, buscando que la designación de sus integrantes refleje un amplio arco de sensibilidades. Como cualquier tribunal, éste habla necesariamente a través de sus fallos, y en la medida que éstos sean el reflejo de un razonamiento estrictamente jurídico, el TC habrá cumplido su cometido, legitimando también su razón de ser.

De allí que no podría ser la presión ambiente la que condicione un fallo -tal como lo demandó erróneamente la Presidenta de la República-, sino que el fiel apego a lo que se estima dispone la Constitución. En la medida que ello se cumpla -lo que solo podrá ser evaluado una vez que se conozcan los fundamentos de cada integrante-, brindará plena legitimidad de su sentencia, independientemente de la dirección en que se pronuncie.

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