UE y EE.UU. acuerdan proteger datos en Internet

La Comisión Europea y Estados Unidos anunciaron  ayer en Bruselas, Bélgica,   la versión final del acuerdo Privacy Shield (escudo de confidencialidad), marco jurídico que  regirá la transferencia de los datos personales con fines comerciales. Su objetivo, además, es proteger los derechos de los ciudadanos europeos frente al espionaje masivo.

El tratado pone fin al acuerdo anterior denominado Safe Harbour (Puerto seguro) vigente  desde el año  2000, pero que la justicia europea invalidó por el espionaje  masivo de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA).

Las revelaciones del ex consultor de la NSA Edward Snowden, en 2013,  mostraron que el programa PRISM de la NSA utilizó  a  Apple, Google o Facebook, para recopilar datos de sus  usuarios.

Según la agencia AFP, un total de 4.500 empresas de la economía digital son parte del nuevo pacto.

Pablo Viollier, analista de Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales, explica a La Tercera que este acuerdo es importante, porque busca que los datos personales que sean tratados por empresas o por el gobierno estadounidense cuenten con un nivel similar de protección que el otorgado por la regulación de la Unión Europea (UE).

El experto agrega que uno de los compromisos consiste en que la interceptación de datos tiene que ser específica y focalizada, y no masiva e indiscriminada, como se dio a conocer en el escándalo de los programas de la NSA.

"Chile está a años luz de una discusión como en Europa", explica Viollier, quien recuerda que la Ley de Protección de Datos Personales  chilena no sólo data de 1999, sino que no cuenta con disposiciones que protejan efectivamente a las personas del tratamiento de sus datos por terceros.

"Nuestra legislación no cumple con el estándar que exige la OCDE, que es más más bajo que el de la UE", dice Viollier.

El analista de Derechos Digitales señala  que el  gobierno anunció que este año enviará un proyecto de ley que reforme el  sistema de protección de datos personales, incluyendo la creación de un organismo público de control con facultades sancionatorias.  "Sin embargo, el contenido de dicho proyecto todavía no ha sido entregado al público", advierte.