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Actualizado el 19/09/2012
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Un espacio vacío

Autor: Daniel Mansuy

Cuando la comunidad y sus representantes abdican de sus funciones, los jueces no hacen más que llenar un espacio que nadie ocupa. 

LA POLEMICA que enfrenta al gobierno con la Corte Suprema puede leerse en varios niveles. El primero tiene que ver con la “cuestión previa”: ¿puede el gobierno emitir opiniones sobre los fallos judiciales? La pregunta es delicada, pues una mala respuesta puede terminar afectando la independencia de los poderes del Estado. Pero esa independencia tampoco debe pensarse en términos muy estrechos, porque no equivale a inmunidad total. Los fallos de la Corte pueden (y a veces deben) ser criticados si hay buenas razones. Esto también vale para una ministra que, en el legítimo ejercicio de sus atribuciones, considera que una decisión judicial contiene errores graves. Es cierto que los jueces tienen la última palabra, pero eso no les otorga infalibilidad. 

 

En cuanto al fondo, la crítica de la ministra alude a una cuestión importante: según ella, la autoridad judicial está sustituyendo en los hechos a la autoridad técnica. Si esto es cierto, o al menos plausible, podría configurarse una paradoja bien delicada: no sería la independencia del Poder Judicial la amenazada, sino la del Ejecutivo, que se vería invadido por jueces que toman decisiones que no les competen. Por cierto que la afirmación es discutible, pero se trata de eso: discutirla en lugar de intentar ganar por secretaría. No podemos reducir al silencio toda crítica si acaso queremos deliberar públicamente.

 

Pero la polémica tiene otro nivel más profundo que guarda relación con nuestra incapacidad para tomar decisiones políticas. Si nuestras dificultades tienden a ser zanjadas en sede judicial, entonces el problema no es tanto de los jueces como de los políticos. Dicho de otro modo: la judicialización creciente de nuestros conflictos es signo de un déficit político. Cuando la comunidad y sus representantes abdican de sus funciones propias, los jueces no hacen más que llenar un espacio que nadie ocupa. Bien decía Aristóteles que la naturaleza le tiene horror al vacío.

 

En ese sentido, la intervención de los jueces no llama la atención si nos damos el trabajo de recordar algunos hechos simples: nuestra institucionalidad ambiental es débil, nuestras autoridades llevan años sin tomar decisiones relevantes en materia energética, y el gobierno actual liquidó Barrancones con un telefonazo. Si la ministra fuera rigurosa, debería formular estas preguntas que no son ajenas al problema. Algo parecido ocurre en materia de salud, donde el tribunal constitucional ha exigido corregir algunas distorsiones del sistema de isapres, después de una larga indolencia política.

 

El problema no tiene solución fácil, pero hay una cosa segura: si no lo enfrentamos, seguiremos empantanados. Urge recuperar el sentido de la acción colectiva, que reside en la capacidad de tomar decisiones compartidas. Ponemos tanta atención en la protección de los derechos individuales, que perdemos de vista los aspectos políticos de nuestra situación. Si nuestros hombres públicos no asumen estos desafíos, están renunciando a ser políticos. Habrán optado por la mera administración de intereses privados o por la jefatura de pandillas rivales. Mientras, los jueces seguirán tomando las decisiones que nos competen a todos y ocupando el lugar que la política ha dejado vacío.

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