Ximena Calcagni, directora Fundación San José: "Creemos que la adopción es una alternativa al aborto"

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La ejecutiva propone validar socialmente la cesión voluntaria de los niños y alerta que procesos para adoptar podrían alargarse a más de tres años con nueva ley.




La Fundación San José es una de las cuatro entidades acreditadas en Chile para tramitar adopción de niños y es uno de los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename). Su directora ejecutiva, Ximena Calcagni, habla sobre las problemáticas que viven hoy los procesos de adopción, aborda la crisis de financiamiento desde el Sename y describe los eventuales efectos negativos del proyecto de reforma a la Ley de Adopción que actualmente se discute en el Congreso. Alerta también que el proceso de espera de un niño adoptado podría extenderse.

¿Por qué considera que las reformas a la ley de adopción no representan una mejoría?

La Ley 19.620, actualmente vigente, tiene elementos que consideramos muy importantes y que nos permiten trabajar con la tríada adoptiva: la familia de origen y acompañamiento a las mujeres que entregan a sus hijos en adopción, los niños que están en susceptibilidad de adopción y las familias adoptivas. Por otro lado, permite la cesión voluntaria, y por eso creemos que la adopción es una alternativa al aborto. En cambio, la ley que hoy se discute en el Congreso es un ensamble de muchas ideas distintas e incoherentes entre sí. Lo más perjudicial es que propone que se debe buscar a una persona dentro de la familia de origen de un niño que puede ser declarado susceptible de adopción, que quiera y que esté capacitado para cuidarlo, hasta el sexto grado de parentesco. Actualmente se busca hasta el tercer grado.

¿Cómo perjudica eso a los niños?

Al pasar hasta el sexto grado de parentesco, los procesos de intervención con las familias de origen se alargan y esos niños van a permanecer más tiempo en las residencias. Cuando una madre hace una cesión voluntaria, el proceso para declarar a ese niño susceptible de adopción dura tres meses, pero si ese niño ha sido separado de su familia de origen por una orden de tribunales, debido a vulneraciones graves, se debe trabajar con su familia para hacer un diagnóstico y ver quién, hasta el tercer grado de parentesco, es idóneo para cuidarlo. Si hoy un niño espera un año y medio para ser adoptado, con la nueva ley el proceso se prolongaría a a tres o más años.

¿Los niños más grandes tienen más dificultades para ser adoptados?

Efectivamente. Con los niños más grandes, las personas tienen menos interés de adoptarlos. Pero, además, estos niños pasarán todo ese tiempo en residencias, cuando eso debería ser transitorio.

¿Qué pasa con estos niños más grandes?

En la fundación entregamos niños hasta los seis años. En ese sentido, estamos tratando de cambiar la mentalidad de las familias y nos está resultando, y en estos casos y grupos de hermanos recurrimos a familias de otros países (...) Pero contrariamente a lo que pueda pensarse, actualmente hay menos adopciones, porque hay menos niños susceptibles de adopción. Nosotros tenemos 30 familias esperando por cada niño.

Si proponen la adopción como alternativa al aborto. ¿Cómo afectará el proyecto de ley de despenalización en tres causales?

Llevamos 22 años trabajando con mujeres en conflicto con su embarazo y hemos atendido a más de 4.600, muchas en situaciones de violación o con abortos previos. Y con un proceso de reparación adecuado, una mujer entiende que ceder a su hijo es una opción de amor, no un abandono. Nuestra propuesta es que si socialmente la adopción es una vía legítima y aceptada, se debería validar la cesión y la entrega de estos niños no deseados. Porque hoy la mujer que decide ceder a su hijo recibe una condena social brutal, muy grande, y lo vive en tribunales, hospitales, en sus familias y redes.

¿Creen que la adopción homoparental es una opción válida?

Cualquier persona en nuestro país tiene derecho a postular para ser padres adoptivos, independiente de su condición. Pero la ley define el orden de prelación según su situación civil. Y la primera prioridad la tienen los casados civilmente, ya sean chilenos o residentes en Chile.

¿Y familias migrantes, adoptan? ¿Han cedido hijos?

Hay mujeres que han cedido sus niños. Y en esto tenemos el desafío como país de definir si habrá o no trabajo con la familia de origen, porque estas personas se encuentran en sus países de origen. Entonces, ¿qué primará?, ¿el derecho de la mujer a decidir o el de sus redes?

¿Cómo les ha afectado el nulo aumento de financiamiento entregado por el Sename?

El sistema residencial debe, en términos generales, mejorar los estándares de calidad ,y eso requiere más recursos, pero Sename no los tiene. Y si se suben los estándares en las licitaciones, sin aparejar recursos, no es extraño que los organismos no se presenten. Si la residencias no licitan, la pregunta es qué va a hacer el Sename con esos niños cuando ellos tienen 11 residencias y nosotros, los organismos colaboradores, 248 hogares. Hoy se necesita una decisión política de invertir. Nosotros tenemos tres de las cuatro residencias con declaraciones de urgencia, es decir, se venció la licitación y aunque seguimos recibiendo recursos mes a mes, no tenemos seguridad de que el proyecto siga.

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