Opinión

Acuerdo Corfo-SQM para explotación de Litio


Luego de años de conflicto, el gobierno -a través de Corfo- llegó a un acuerdo para la explotación de litio en parte del salar de Atacama. El entendimiento, que fue sellado en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, obliga a la minera a restructurar su gobierno corporativo e igualar las rentas de arrendamiento a niveles similares que lo estipulado en el contrato que tiene Corfo con la otra empresa presente en el Salar de Atacama, Abermale.

Ciertamente, el que se logre dar viabilidad para la explotación de uno de los productos de exportación con mayor potencial es, sin duda, una buena noticia para el país. Sobre todo, porque el desarrollo de las telecomunicaciones móviles y la electromovilidad van a demandar litio en forma creciente y las principales compañías del mundo dependerán progresivamente de su disponibilidad en los mercados internacionales.

Estas solas perspectivas podrían haber dado pie a una negociación dura, situación habitual en cualquier litigio comercial que puede enfrentar a dos socios de una compañía. Pero, en esta oportunidad, el gobierno escogió extremar la negociación, ejerciendo una presión indebida sobre la empresa privada y usando su poder de negociación para exigir prácticamente la sumisión de su socio. Porque bajo el eufemismo contractual de reforzar el gobierno corporativo se escondía la exigencia abierta hecha por el Vicepresidente de Corfo para que el controlador, Julio Ponce, dejara el poder en la empresa.

Las razones para exigir mayor severidad en la negociación parecen fundamentarse en las palabras de quien presidió el Consejo Asesor para la Transparencia, Eduardo Engel. En una columna reciente publicada en este medio, señaló que “SQM y su controlador, Julio Ponce Lerou, han hecho un daño enorme a nuestra democracia”, por lo que en opinión de él -y varios más- la obligación impuesta por Corfo que evita que tanto el actual controlador o algunos de sus parientes cercanos tengan un rol directivo en la empresa, estaría más que justificada.

Esta dureza negociadora pasa por alto varios aspectos. En primer lugar, independiente de los plazos de prescripción de los delitos imputados, no existe condena formal contra la empresa o algunos de sus directivos que fundamente tales exigencias. Además, un mínimo de reciprocidad exigiría que los eventuales beneficiados por el financiamiento irregular tuvieran la misma rigurosidad por parte del gobierno, cosa que a todas luces es impracticable.

Pero quizás lo más preocupante es la personalización del conflicto que ha motivado el propio Vicepresidente de Corfo, al exigir la salida del actual controlador. Hasta el momento no existe razón formal que justifique esta solicitud extrema y solo puede entenderse en el marco de una animadversión personal o política, situación que excede por mucho la búsqueda de los mejores beneficios para los accionistas de ambos lados de la compañía.
Este actuar discrecional -lo que supone una vulneración del derecho de propiedad- puede erigirse en un dañino precedente para futuros contratos entre el gobierno y los privados, por lo que es imprescindible avanzar en reglas del juego modernas para evitar que el Estado se entrometa en decisiones que corresponden exclusivamente al ámbito privado.

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