Agenda proinversión y permisos ambientales

La agenda proinversión anunciada por el presidente Sebastián Piñera la semana pasada y la creación de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) pone una voz de alerta respecto del futuro de iniciativas rechazadas en su tramitación ambiental y que buscan revivir a través de instancias judiciales, como es el caso de Dominga. Es preocupante porque en su alocución, el primer mandatario señaló que esta nueva agencia se crea para "ayudar a que los proyectos paralizados o estancados, se pongan en marcha".

Los proyectos que se "estancan" se encuentran en este estado porque las empresas no presentan la mínima garantía ambiental y por esta razón son generalmente cuestionados por la sociedad civil. El estudio ambiental de los proyectos no es una burocratización innecesaria, sino más bien una garantía para el beneficio de las comunidades y los ecosistemas en el largo plazo. Estamos de acuerdo que los proyectos al no presentar estos impactos deben tener un rechazo rápido y no pasar por largos procesos para tratar de enmendar errores y falta de información de forma desprolija y antojadiza.

En los últimos años ha habido avances en el establecimiento de leyes y reglamentos ambientales y se ha impulsado que las comunidades afectadas participen en el proceso de evaluación ambiental, lo que han permitido una mayor transparencia en la tramitación de los proyectos. Si bien este punto es aún perfectible, es un avance: hoy, es extremadamente difícil que industrias que no cuentan con el apoyo de la comunidad, se instalen, cuestión impensada hasta hace algunas décadas cuando no se consideraba en lo más mínimo la opinión de los habitantes de las localidades. La única forma de que una agenda proinversión sea exitosa, debe garantizar el consenso social, que justamente se obtiene mediante la consideración de las comunidades, y no con su exclusión.

La visión país, debe asegurar el desarrollo de todas las áreas tanto extractivas, tecnológicas, agrícolas, pesqueras, turismo, etc., pero que todas garanticen que las generaciones futuras logren acceder a un ambiente limpio y libre de contaminación. En Chile hemos avanzado enormemente en los últimos años en el registro de información científica, que nos permite tomar decisiones fundadas e informadas.

El pasar de un país en vías de desarrollo a uno desarrollado no se basa solo en el aumento del producto interno bruto, sino también en el desarrollo de sus comunidades, la ciencia y las leyes que lo acompañan. Chile está en un punto de inflexión para alcanzar ese desarrollo balanceado que todos los chilenos anhelamos. Esperamos que el impulso de una economía sustentable tome en cuenta estos aspectos y no sigamos proyectando a nuestro país sobre la base del crecimiento de las zonas de sacrificio.