Alcances a la nueva agenda de equidad de género



El Presidente de la República anunció una nutrida agenda de medidas sobre equidad de género, sorprendiendo incluso dentro de sus propias filas, por la celeridad con que el gobierno apareció reaccionado frente a la ola de movilizaciones en favor de crear mayor conciencia sobre la problemática de la agresión sexual hacia las mujeres y situaciones de discriminación que las afectan. La batería de medidas -que si bien el grueso está constituido por ideas propias, también recoge iniciativas anteriormente planteadas- comprende aspectos que tocan ámbitos como protección en salud, laborales y derechos civiles, además de contemplar una reforma constitucional que establezca como deber del Estado "promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres", además de combatir toda forma de abuso o discriminación arbitraria contra las mujeres.

Aun cuando las propuestas fueron en general bien recibidas, a poco andar han surgido críticas en relación con la medida que busca introducir equidad en la tarifa que pagan hombres y mujeres en las isapres, debate que se anticipa especialmente complejo por las múltiples consideraciones que ello implica. Que esta agenda se convierta en un acierto político del gobierno depende especialmente que los detalles técnicos sean debidamente considerados, de modo que sean reformas sustentables y a la larga no sean cargas que perjudiquen aún más a las mujeres, o se repita la experiencia de varias de las reformas estructurales de la Nueva Mayoría, que sucumbieron precisamente por sus evidentes debilidades técnicas.

Probablemente el aspecto más relevante de la agenda es el amplio espectro que ésta cubre, lo que permite dimensionar los variados ámbitos en que es posible encontrar normas o prácticas que van en detrimento de la mujer. Una revisión general permite advertir que varias de dichas propuestas no deberían concitar mayores diferencias, y su despacho debería resultar relativamente expedito. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de ley que consagra el derecho de la mujer a vivir en un ambiente libre de violencia, y aquel que extiende las normas de violencia intrafamiliar a aquellas parejas que no conviven ("pololos"); así también parece razonable que el Congreso avance con celeridad en los proyectos que conceden fuero maternal a las mujeres de las Fuerzas Armadas y aquel que perfecciona sustancialmente el régimen de sociedad conyugal.

El aspecto más complejo es, sin duda, la propuesta para terminar con las diferencias en los planes de isapres, de modo que la prima que pagan hombres y mujeres se reduzca o sea la misma. Cabría haber esperado que este anuncio hubiese sido hecho con una propuesta más acabada desde el punto de vista técnico, pues su ausencia ha dado paso a versiones confusas sobre cómo, por ejemplo, se recargaría el costo de los planes que hoy pagan los hombres. Sectores de oposición han aprovechado para levantar interesadamente el punto del lucro en instituciones privadas, deslizándose también la posibilidad de que las utilidades de las isapres puedan limitarse, todo lo cual ha terminado por nublar lo positivo de los anuncios del día miércoles. De allí que el gobierno debería dar pronto con una propuesta en relación a las isapres para encauzar el debate y despejar incertidumbres.

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